El Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santiago expresó su rechazo a la idea de construir una cárcel de máxima seguridad en la comuna.
A través de una declaración pública, los concejales y la alcaldesa Irací Hassler manifestaron el "categórico rechazo ante la posibilidad de la construcción de una nueva cárcel pública para los criminales más peligrosos del país en la comuna de Santiago".
El debate se inició luego del anuncio del Presidente Gabriel Boric, quien tras una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad, informó la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en el marco del combate al crimen organizado.
Tiltil y Santiago han sido las comunas barajadas para la construcción del nuevo penal. En el caso de esta última, la jefa comunal ha manifestado su rechazo, el que ha sido respaldado este sábado por el Consejo Municipal.
Es más, vecinos del Barrio Rondizzoni, en Santiago Centro, expresaron su oposición al emplazamiento de la nueva cárcel de alta seguridad en el sector, ante especulaciones de que esta podría ubicarse en un recinto militar a un costado de la ex Penitenciaría y de la actual cárcel de máxima seguridad.
"Se trata de un barrio residencial, donde en la cercanía hay colegios con menores de edad y vecinos de la tercera edad que ya no resisten mayor inseguridad", expresaron. A esta idea se han sumado otras comunidades, como el Comité Defensa Matta Sur, Comité de Seguridad Población Yarur y el Comité Miguel León.
Las razones del rechazo
A continuación, las principales razones del Consejo Municipal de la Municipalidad de Santiago para rechazar la eventual construcción de la cárcel de máxima seguridad:
- La comuna ya alberga recintos carcelarios, entre ellos el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (Ex Penitenciaría), la Cárcel de Alta Seguridad, el Anexo Capitán Yáber. Asimismo, indicó se encuentran en Santiago numerosas instituciones relativas a la justicia y reinserción social.
- "El Plan Regulador Comunal de Santiago desde 1990 prohíbe el uso de suelo de equipamiento de seguridad destinado para la construcción de cárceles".
- El rechazo de las comunidades, que se enfrentan a "numerosos problemas de convivencia con la población flotante que visita dichos penales".
- Esta posible construcción "pone en riesgo a las vecinas y vecinos".
- "La tendencia nacional e internacional es evitar el emplazamiento de los recintos penitenciarios en centros urbanos, promoviendo así el desarrollo de las ciudades de manera armónica y la priorización de los lugares centrales, uso de parques, movilidad, entre otros, para las comunidades".
Adhirieron a esta declaración la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y los concejales Dafne Concha Ferranando, Marcela Urquiza Díaz, Camila Davagnino Reyes, Ana María Yáñez Varas, Rosario Carvajal Araya, Juan Mena Echeverría, Yasna Tapia Cisternas, Santiago Mekis Arnolds, Paola Melo Cea y Virginia Palma Erpel.