A partir de este lunes, el Consejo Constitucional comenzó a recibir a los autores de las inicitivas populares de norma que cumplieron con los apoyos necesarios para ser discutidas al interior del órgano.
Esa misma jornada, venció el plazo para que los integrantes de hemiciclo presentaran las enmiendas al anteproyecto generado por la Comisión Experta.
Cerrado este proceso, se conoció una propuesta presentada por el Partido Republicano que plantea la posibilidad que las personas condenadas "mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales,
debidamente calificadas, cumplirán la prisión preventiva, presidio o reclusión en su domicilio".
En detalle, la enmienda impulsada por los consejeros Fincheira, Gatica, Hevia, López, Montoya y Rojas manifiesta que esta posibilidad "sólo será aplicable en aquellos casos en que la conducta sancionada, no representen un peligro actual para la sociedad".
A lo anterior se suma la iniciativa popular de norma "Reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años", que tiene similares características a la propuesta del Partido Republicano.
"Los menores de dieciocho años privados de libertad deberán estar separados de los adultos y se les aplicará un régimen acorde con su edad. Los mayores de 75 años pueden impetrar el cumplimiento alternativo de pena mediante reclusión domiciliaria total", dice.
Esta iniciativa popular de norma fue redactada por Enrique Cordovez y tuvo más de 12 mil apoyos. Por ello, ayer miércoles el autor expuso ante la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos.
Aquello generó diversas reacciones entre los presentes e incluso se produjo un debate en la instancia, pues algunos consejeros aseguraron que la iniciativa beneficia a los condenados por cometer violaciones a los Derechos Humanos.
Es más, en la misma instancia la consejera Catalina Lagos (PS) hizo referencia al caso de Miguel Krassnoff, exmilitar chileno condenado por concretar una serie de crímenes de lesa humanidad en dictadura.
"Miguel Krassnoff Martchenko tiene 76 años y se vería beneficiado por esta medida", argumentó la comisionada.
Frente a ello, la presidenta de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, María de los Ángeles López (Partido Republicano), defendió la iniciativa, señalando que en ella "se hace mención al grupo de los 75 años" y no a un grupo en específico.
"Quiero recordarles que los expositores que están acá son personas de carne y hueso. Por lo tanto, merecen respeto. Vienen a presentar una iniciativa popular de norma que representa a más de 10 mil personas que los apoyaron (...) y en ese sentido no corresponde atacar su exposición, sino más bien escucharlos y que luego el debate se dé dentro de esta comisión en sesión regular", agregó.
Reacciones del oficialismo
Tras la discusión, la consejera Karen Araya (PC) también arremetió en contra de la medida e incluso la catalogó como un "perdonazo para quienes han cometido crímenes horrorosos en tiempos de dictadura".
Con similar opinión, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó que la iniciativa popular de norma y la enmienda serían un beneficio para los condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
Del total de reos a nivel nacional, "265 son mayores de 75 años, de esas apróximadamente 145 son personas condenadas por violaciones a los Derechos Humanos. Creo que esas cifras lo dicen todo", sostuvo el secretario de Estado.
De igual forma, a través de Twitter, el exfiscal Carlos Gajardo manifestó que "proponer que en la nueva Constitución se liberen a 145 condenados por violaciones a Derechos Humanos durante la dictadura porque tienen más de 75 años supera el límite de lo tolerable. El cumplimiento de las condenas es fundamental para la no repetición".
"No se trata de un perdonazo"
Ante la polémica, el autor de la iniciativa popular de norma Enrique Cordovez reconoció tener "algunos conocidos que han estado en Punta Peuco y otros que han estado en Colina 1".
Sin embargo, justificó su propuesta al aseverar que "no se trata de un perdonazo", ya que los condenados por cometer crímenes de lesa humanidad sólo representan un 10% del total de reos que tienen sobre 75 años.
"Insito que esta no es una norma específica, un traje a la medida o un perdonazo. Esta es una norma general que afecta a todos los reclusos mayores de edad (75 años), que en este momento son 3 mil, dentro de la población sentenciada nacional. Y los de Punta Peuco son 300, no podemos decir que el 10% justifica esta norma si en realidad afecta a mucho más que el 10%", zanjó el redactor.