La tarde de este miércoles, tras la aprobación y despacho al Senado de la de ley usurpaciones, el Gobierno anunció el ingreso de un veto a la iniciativa., específicamente al aspecto que permite la “legítima defensa privilegiada”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el proyecto de ley de usurpaciones "es necesario y que tiene en su corazón, un amplio acuerdo que busca generar mayor capacidad a la legislación y que las personas que son víctimas de usurpación (…) tengan herramientas más efectivas para poder proteger sus derechos".
Bajo este sentido, la autoridad de Gobierno detalló que existe acuerdo "entre todos los sectores" en los siguientes puntos:
- "La usurpación tiene que tener una pena más alta, de manera que quien comete este delito pueda ser detenido".
- "Establecer la usurpación como un delito permanente, que en cualquier momento el afectado puede solicitar que actúe la fuerza pública".
- Que "no incluya a las personas que viven en campamentos en una situación social vulnerable".
Sin embargo, aclaró que, "pese a eso, hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y el Senado porque este proyecto se ha ocupado, lamentablemente, para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyos de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos su bien usurpado y, puede para ello, defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, eso es lo que dice la ley".
Ante esto, expuso que "el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley, el Ejecutivo no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, ni que sea un delito permanente, no va a vetar que se excluyan los campamentos".
"Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas con mano propia, con bandas armadas y, de manera indefinida en el tiempo, pueda ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos. Porque para eso están las policías y los tribunales", cerró.
⭕ Ministra @Carolina_Toha: "El ejecutivo ha dicho que va a vetar un aspecto de la Ley, no va a vetar que sea un delito permanente, va a vetar que se permita que las personas con bandas armadas puedan ir a reivindicar sus derechos, porque para eso están las policías y los… pic.twitter.com/8vT1RQ5T1m
— 24 Horas (@24HorasTVN) August 30, 2023
El proyecto
La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan por la fuerza y en forma armada tratar de recuperarlo.
Entre los principales objetivos del proyecto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.
Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.