Nuevos antecedentes a los que tuvo acceso 24 Horas reveló información que vincula al principal asesor presidencial, Miguel Crispi, con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. El origen de esta nueva arista judicial nace a partir de una conversación privada entre Crispi y su madre, la exministra del Trabajo Claudia Serrano, captada mediante interceptaciones telefónicas autorizadas en el marco de la investigación por el caso Convenios y ProCultura.
Según información obtenida por este medio, la fiscalía detectó una alerta al escuchar una llamada entre Crispi y Serrano en la que ambos conversan, de forma crítica, sobre la polémica operación de compraventa de la residencia del expresidente Allende, la cual no se concretó.
En esa conversación, Crispi habría emitido duras declaraciones contra miembros de la familia Allende, cuestionando su capacidad de gestión y sugiriendo que la iniciativa de la venta fue impulsada directamente por la exsenadora socialista Isabel Allende.
"Llamó hasta el portero del ministerio hueveando... tiene mucha responsabilidad", habría dicho Crispi, según consta en un documento al que accedió 24 Horas.
También habría apuntado a la exministra de Defensa, Maya Fernández, calificando a la familia como "totalmente incompetente".
Estos antecedentes llevaron al Ministerio Público a solicitar al Juzgado de Garantía de Santiago una serie de medidas intrusivas, entre ellas el allanamiento sin previo aviso de domicilios y oficinas de autoridades y exautoridades, como la propia Isabel Allende, el Ministerio de Defensa, La Moneda y el Congreso Nacional, con el fin de incautar teléfonos, computadores y otros documentos.
Sin embargo, el juzgado rechazó la solicitud, argumentando que los antecedentes aportados eran insuficientes para justificar una intervención de tal magnitud. En su resolución, el tribunal advirtió que la petición del Ministerio Público constituía “una clara representación del derecho penal de autor, repudiado por el derecho penal moderno”.
La defensa de Miguel Crispi
La defensa de Miguel Crispi también se pronunció ante la revelación de esta información. Su abogado declaró que su representado fue interceptado en el marco de otra causa y que la conversación registrada con su madre fue privada y familiar, sacada de contexto, y que de ningún modo implica acusaciones formales o delitos.
"En esta conversación, de ninguna forma atribuye presiones indebidas ni un delito a la exsenadora. De manera informal y coloquial, lo que quiso transmitir es que tuvo conocimiento que el abogado de la familia monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad", expresó.
Desde el Gobierno, hasta el cierre de esta edición, aún no se emite una declaración oficial sobre este nuevo flanco judicial que vuelve a sacudir las estructuras del Palacio de La Moneda.
Ver Video
