Durante los últimos años, en Chile la salud mental se ha vuelto una temática que tomó gran importancia en las políticas públicas. Ello se vio reflejado con la firma del proyecto de Ley Integral de Salud Mental enviado por el Ejecutivo al Congreso para su aprobación y que busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la Red de Salud, promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales, entre otros aspectos.
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Al momento de la firma de la iniciativa, el Presidente Gabriel Boric destacó que “la salud mental importa y tenemos que romper con los prejuicios que tradicionalmente se han instalado respecto de ella”. En esa línea, recordó que el Gobierno ha impulsado varias medidas para mejorar la salud mental de las familias como la creación de la línea telefónica de Prevención del Suicidio *4141, además de la rebaja en el precio de medicamentos gracias a la Ley Cenabast, junto con aumentar las becas de la especialidad de psiquiatría.
Respecto a los objetivos de la Ley Integral de Salud Mental, el Presidente Boric señaló que apuntan a promover y proteger la salud mental de todas las personas durante todo el desarrollo de su vida. Agregó que “este proyecto busca mejorar la calidad y la oportunidad de la atención en la Red de Salud, promover la inclusión social y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales, con o sin discapacidad psíquica o intelectual, reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad y los derechos humanos como esenciales en la aplicación de esta normativa”.
Características de la Ley Integral de Salud Mental
La propuesta normativa se presentó tras el desarrollo de 27 diálogos ciudadanos sobre salud mental que se realizaron durante el 2023 a lo largo de todo el país: 18 fueron diálogos regionales y 9 diálogos con grupos de interés específico (jóvenes, experta/os por formación y por experiencia). Participaron en total 2.790 personas.
La iniciativa, llevada a cabo en conjunto por seis ministerios encabezados por Salud, busca consagrar una regulación integral de la salud mental, considerando aspectos de promoción y protección e involucrando a distintos sectores del Estado de manera activa, mediante el establecimiento de acciones que generen condiciones para un adecuado desarrollo de la salud mental.
Con este objetivo presente y considerando los determinantes sociales de la salud, el curso de vida y los derechos humanos como enfoques principales, el proyecto crea un articulado amplio e integral que viene a enriquecer la normativa en materia de salud mental y, a su vez, propone ajustes a diferentes cuerpos legales en pos de avanzar en la armonización legal en la materia.
Establece deberes intersectoriales que promuevan condiciones adecuadas para la salud mental. Asimismo, la iniciativa destaca la inclusión social y el abordaje integral de las necesidades de las personas con enfermedades o trastornos mentales.
Finalmente, armoniza diversos cuerpos legales para procurar el adecuado respeto de los derechos de las personas en la atención de salud mental y en otros contextos de la vida en comunidad.
Las deudas del proyecto y del país respecto a Salud mental
Si bien el proyecto de Ley Integral de Salud Mental es un avance importante, existen voces expertas como la directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, Nadia Ramos, quien indica que “se vuelve urgente abordar los problemas que tenemos hoy en este ámbito”.
Para la especialista, la iniciativa efectivamente “pone los acentos en el ámbito de la promoción y protección, no sólo de la salud mental sino del bienestar de todas las personas”. Sin embargo, se mostró preocupada también por los tiempos que se requieren para la implementación de este proyecto y que van de la mano de importantes recursos para poner en marcha las iniciativas propuestas.
“Estamos lejos de que se cumpla el compromiso del Gobierno de aumentar el presupuesto en salud mental del 2% al 6% del PIB, como lo indican los organismos internacionales", precisó.
“Me parece importante que se ponga foco en la promoción y prevención, pero hay tareas pendientes. Por ejemplo, en la Ley 21.331 ‘Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental’ establece en su artículo E, la equidad en el acceso, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud mental, otorgándoles el mismo trato que a las prestaciones de salud física; y esto aún no está en marcha”, detalló la académica utalina.
Junto con esto, Ramos puntualizó que, “las isapres siguen haciendo diferencias en las prestaciones, y, lo que es peor, rechazan las licencias médicas por salud mental con peritos no especializados, lo que no hace más que agudizar los problemas de una persona que ya está vulnerable y enferma, porque además de hacer esfuerzos por salir adelante con su patología, debe probarle a otra persona, que no conoce y que no sabe de su historia, que no se siente bien”.