Este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que implementa el uso de cargador universal para dispositivos electrónicos en Chile, lo que significa que este accesorio deberá poder aplicarse de forma estándar a celulares y tablets, entre otros.
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La iniciativa, que cuenta con la autoría de Daniel Lilayu (UDI), busca reducir la cantidad de basura electrónica en nuestro país, considerando que se estima que en Chile existen cerca de 30 millones de líneas telefónicas, además de beneficiar a los usuarios.
Chile tendrá cargador universal: cuál es y qué dice la ley
En concreto, la ley indica que los proveedores "deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga", pero no se especifica cuál es el cargador que se deberá ocupar en nuestro país.
No obstante, se ha especulado que podría tratarse de un cargador universal tipo USB-C, al igual que el que definió el Parlamento Europeo en 2022 para dispositivos electrónicos.
Cabe señalar que, según la normativa, el Ministerio de Economía deberá redactar un reglamento para fijar más detalles, como los dispositivos a los que aplicará y las especificaciones técnicas para cada uno. Dentro de las categorías de productos, se deberá al menos incluir dispositivos de telefonía móvil y ordenadores portátiles.
Además, el texto señala que los comercializadores de dispositivos móviles deberán ofrecer la posibilidad de adquirir los productos con sus dispositivos de carga, o cada uno de ellos por separado, y "no podrán atar, ligar o supeditar bajo modo o condición alguna la adquisición de uno de ellos a la del otro".
Asimismo, deberán informar oportunamente a los consumidores si el dispositivo de carga está o no incluido y sobre otras especificaciones relativas a los dispositivos de carga compatibles.
¿Cuándo comenzará a usarse el cargador universal en Chile?
La nueva ley establece un plazo de dos años para que los equipos de telefonía sean adaptados a esta nueva medida y de cuatro años para los demás dispositivos de información y telecomunicaciones.
Además, el Ministerio de Economía deberá dictar el reglamento dentro del plazo de 180 días contado desde su publicación.