*Esta nota fue realizada en el contexto de una alianza entre la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Televisión Nacional de Chile. Luego de más de un año de proceso constituyente, nuestro país vivirá unas nuevas elecciones para definir si se aprueba o rechaza la propuesta de Nueva Constitución realizada por la Convención. En este periodo el Equipo de FactChecking.cl verificará las afirmaciones de ambas posturas emitidas en la franja televisiva o que circulan en diversas plataformas.
Frase verificada: ¿Sabes cuántas familias no tienen casa propia? 641.421 En el Chile del mañana se castigará ¡pero en serio! A quienes jueguen con el precio de arriendos y compras de suelo y casas.
Una publicación que circula en redes sociales con una serie de infografías afirma que, actualmente, 641.421 familias en Chile no cuentan con una casa propia. Además, estas aseguran que con la nueva constitución, quienes “jueguen con el precio” de viviendas, terrenos y/o arriendos, serán castigados.
El Equipo de Factchecking.cl verificó la cifra referida en la frase y concluyó que es creíble, porque coincide con los datos entregados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que proyecta una demanda de vivienda para 2022 de 643.534 según su Plan de Emergencia Habitacional (2022).
Además, la cifra está avalada por los resultados arrojados en el boletín sobre Estimación y Caracterización del Déficit Habitacional en Chile (2022) publicado por Déficit Cero y el Centro UC de Políticas Públicas. Según este, son 641.421 familias las que no cuentan con una vivienda propia, de las cuales un 84,4% corresponde a viviendas irrecuperables, hogares hacinados y familias allegadas, un 12,7% a familias en campamentos y un 2,9% a personas en situación de calle.
Cabe destacar que este estudio considera a quienes arriendan dentro del grupo que tienen vivienda “propia”, sin embargo no incluye en este grupo a aquellos allegados ni subarrendatarios.
Sin embargo, el resto de la afirmación –“En el Chile del mañana se castigará ¡pero en serio! A quienes jueguen con el precio de arriendos y compras de suelo y casas”– corresponde a una interpretación que no puede ser verificada, ya que en la propuesta constitucional no se establecen delitos relacionados al derecho a la vivienda, ni se mencionan castigos para quienes los pudieran cometer.
El Equipo de FactChecking.cl conversó con distintos expertos en derecho constitucional, sobre el derecho a la vivienda:
“Derivado del borrador de la Constitución me parece que es un exceso con respecto a lo que establece el mismo texto. Lo que dice ahí no está estableciendo un castigo, porque no es propio tampoco de una Constitución establecer castigos”, explicó Sebastián Zárate, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma.
El abogado constitucionalista, Tomás Jordán, coordinador del Observatorio Nueva Constitución y académico de la Universidad Alberto Hurtado, explicó que la afirmación podría referirse a que la propuesta lo deja a disposición de la ley.
“Como va a haber un sistema integrado de suelo, que evite la especulación, podría el legislador disponer formas en las cuales se puedan castigar ciertas hipótesis de especulación para hacer subir los terrenos sobre todo para construir viviendas sociales”, explicó Jordán.
Los expertos explicaron al Equipo de Factchecking.cl que no existe un artículo en la propuesta de nueva Constitución que respalde la afirmación de manera concreta.
“Los ámbitos de la Constitución consagran derechos, pero son las políticas públicas, el gobierno de turno y las mayorías parlamentarias que existan en un determinado momento las que van a plasmar esos derechos”, expuso Zárate, por lo que según él sería necesario un marco normativo en forma de ley, para definir:
i) Si se considerarán como delitos determinadas acciones que afecten el precio en el mercado de viviendas, terrenos y/o arriendos.
ii) Qué tipo de sanciones se establecerán en cada caso.
¿Qué establece la propuesta de la nueva Constitución sobre el derecho a la vivienda?
En el Capítulo 2 de la propuesta, “Derechos Fundamentales y Garantías”, artículo 51 consagra que “Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
Mientras que en el artículo 52 se complementa con que : “Toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna”.
Los expertos consultados por el Equipo de Factchecking.cl coincidieron en que la nueva Constitución consagraría la vivienda como un derecho.
Esto significa que el Estado de Chile tendría una responsabilidad de orden constitucional con la satisfacción de ese derecho.
“Es una facultad que tiene [la ciudadanía] de reclamar ese contenido. Y eso especialmente se vincula a las políticas públicas de Vivienda, en las cuales se deben cumplir ciertos estándares que no van a ser solamente de tener una vivienda o acceder a ella”, aclaró Jordán.
Además, el experto explica que la nueva Constitución señala que el Estado deberá generar los mecanismos pertinentes para de esta forma “impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad con la ley”.
“Esto podría significar una serie de acciones, de política pública, donde exista una mayor coordinación respecto del uso de los suelos. Por ejemplo, en el Plan Regulador que se establezca, que exista una mayor coordinación entre los cambios que pueda tener ese plan regulador”, señaló por su parte Zárate.
Además, consultados sobre los detalles relativos a cuáles serían estos mecanismos, y en qué casos se considerará que van en desmedro del interés público, los expertos consultados por FactChecking.cl señalaron que tendrían que ser descritos mediante una ley.
Tras la investigación realizada por el Equipo de FactChecking.cl se concluye que la información entregada en la publicación verificada es engañosa, ya que pese a que las cifras oficiales establecen que en Chile hay más de 641.421 familias sin vivienda, la propuesta constitucional no explicita sanciones respecto a acciones relacionadas al derecho a la vivienda.