*Esta nota fue realizada por Verifica UDP, en el contexto de una alianza entre la Escuela de Periodimo de la Universidad Diego Portales y Televisión Nacional de Chile.
Frase verificada de la franja electoral: “Los premian con indultos y con pensiones de gracia. Pensión de gracia significa que por haber quemado las calles, ahora tienen un sueldo de por vida"
Veredicto: FALSO, PERO...
En diciembre de 2022, el Presidente Gabriel Boric concedió un indulto a 13 personas privadas de libertad. 12 de ellas estaban condenados por delitos asociados al estallido social.
En enero del 2023, se dio a conocer los antecedentes penales de los indultados revelando que seis de ellos contaban con condenas por delitos diferentes a los relacionados con el estallido social. La ministra vocera Camila Vallejo dijo en un punto de prensa que “el Presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política”.
Además, señaló que el Presidente estableció dos condiciones para conceder los indultos: indultar a aquellos que, durante el estallido social hubieran cometido delitos y como consecuencia estuvieran condenados; y que dentro de la lista de personas bajo esta condición se excluyeran a aquellas con antecedentes problemáticos anteriores al estallido. “Ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades”, dijo la vocera de Gobierno.
Por otro lado, y también relacionado al estallido, la emisión menciona las pensiones de gracia. Éstas son un beneficio destinado a mejorar la calidad de vida de individuos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social. Esta suerte de subsidio, otorgado por el Presidente de la República, consiste en un monto variable establecido en ingresos mínimos no remuneraciones y puede concederse de manera temporal o vitalicia.
El programa está dirigido a personas naturales que cumplen con diversos requisitos, entre ellos, haber sido afectadas por accidentes o catástrofes, estar incapacitadas o enfrentar dificultades insalvables para realizar labores remuneradas debido a razones de salud o vejez, entre otros.
Las pensiones relacionadas al estallido social se incluyeron en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2021, dónde se destinó una glosa a reparar económicamente a las eventuales víctimas del estallido social. Específicamente, se puede ver en la partida Tesoro Público, programa Subsidios. Allí, la glosa 12 dice: “Con cargo a estos recursos se podrá considerar como beneficiarios a aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos acreditadas por el Instituto de Derechos Humanos que, a causa de sus lesiones, sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante”.
De esta manera, durante el año 2019, en el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera se aprobaron 148 solicitudes para dichas pensiones, en las cuales se establecieron los siguientes tramos:
- Personas que hayan sufrido agresiones físicas: $77.350
- Personas con afectación psicológica: $128.918
- Personas con lesiones graves: $180.485
- Personas con lesiones gravísimas: $257.836
Dichos tramos fueron modificados en agosto de 2022, bajo el mandato del actual Presidente, Gabriel Boric. El resultado de esto dejó 3 nuevos segmentos con los siguientes valores:
- Personas con lesiones leves: $257.836
- Personas con lesiones graves: $386.754
- Personas con lesiones gravísimas: $517.672
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró en septiembre de este año en la Cámara de Diputados que son 418 las personas que reciben pensiones de gracia. De estos casos, 39 corresponden a personas con lesiones leves, 221 a lesiones graves y 158 a lesiones gravísimas. Destacó también que, entre los requisitos para postular al beneficio, no se exige la presentación de antecedentes penales. Igualmente, transparentó que, de los pensionados, 40 tienen antecedentes penales: “17 corresponden a pensiones entregadas por el gobierno del Presidente Piñera y, alrededor de 23 corresponden a pensiones entregadas durante nuestro gobierno. Por lo tanto, ninguno de los dos presidentes de la República tuvo a la vista esos antecedentes”.
Respecto a dichas personas, Monsalve declaró que la mayoría de ellos presentan causas antiguas o delitos menores, aunque reconoció que hay casos donde este criterio no se cumple.
Desde el comando “A Favor” consignaron que en su franja se referían a las personas con antecedentes penales que mencionaba el subsecretario Monsalve en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las pensiones de gracia.
Por otra parte, al consultar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre qué se hace en los casos de aquellas personas que tienen antecedentes penales, desde el organismo nacional declararon que:
“Al INDH se le asignó un rol fuera de su mandato legal, que era acreditar la condición de víctima de violaciones a los derechos humanos en la crisis social. En este sentido, el Instituto no tiene facultad ni injerencia para revocar esta medida de reparación, tampoco da seguimiento respecto de su concesión, porque como señalamos es facultad exclusiva del Presidente”.