Recientemente, la Unión Europea se convirtió en el primer organismo internacional en penalizar los casos más graves de daños medioambientales “comparables a un ecocidio”, lo que significa que la destrucción de ecosistemas a través de actividades que tengan como consecuencia la pérdida del hábitat, será castigada con penas más severas y sentencias de prisión, de acuerdo con la actualización de las directrices de la UE sobre delitos ambientales.
En concreto, los Estados miembros tendrán dos años para implementar las nuevas directrices en su legislación nacional y la normativa les dará la flexibilidad de decidir si las multas para las empresas que no cumplan con la legislación serán en proporción de su facturación o fijas, con topes de hasta 40 millones de euros.
Entre otras cosas, tendrán la flexibilidad de elegir si introducen multas para las empresas en función de una proporción de su facturación (hasta un cinco por ciento dependiendo del delito) o multas fijas de hasta 40 millones de euros. También dependerá de cada país establecer los límites geográficos para la comisión de estos delitos: por ejemplo, si los delitos cometidos fuera de las fronteras de la UE, pero realizados por empresas pertenecientes a los países que integran el organismo se incluirán dentro de la legislación, tema que aún no ha generado consenso.
El año pasado, el Parlamento propuso incluir el ecocidio en la legislación de la UE, el que se define como “actos ilegales o desenfrenados cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves, generalizados o de largo plazo al medio ambiente”. En la nueva legislación, se consideran delitos acciones como la extracción de agua, el reciclaje y la contaminación de barcos, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras y la destrucción del ozono, las que podrían alcanzar penas de hasta 10 años de cárcel para quienes se consideren responsables, en especial si eran conscientes de las consecuencias de sus decisiones y si tenían el poder de detenerlas. Sin embargo, la legislación en esta oportunidad no menciona la pesca ilegal, la exportación de desechos tóxicos a países en desarrollo o el fraude en el mercado de carbono.
A pesar de ser una de las regiones más avanzadas en términos culturales y sociales, en Europa todavía se cometen delitos medioambientales. En su informe sobre la lucha contra los delitos medioambientales, la Oficina Europea de Medio Ambiente da cuenta de diversos ejemplos de crímenes contra el ecosistema que continúan impunes al no estar incluidos en la normativa anterior, donde sólo pueden castigarse cuando son ilegales, pero si una empresa cumple con las condiciones de un permiso, sus acciones no se considerarán ilegales.
De acuerdo con declaraciones de Marie Toussaint, abogada francesa y eurodiputada del grupo Les Écologistes de Francia, la Unión Europea está “adoptando una de las leyes más ambiciosas del mundo”. “La nueva directiva abre una nueva página en la historia de Europa, protegiendo contra aquellos que dañan los ecosistemas y, a través de ellos, la salud humana. Significa poner fin a la impunidad ambiental en Europa, lo cual es crucial y urgente”, afirma la autoridad.
