La diputada de la Comisión de Familia, Natalia Romero, lanzó una dura crítica contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, por falta de acciones en materia de violencia escolar, la que solo ha ido en aumento.
En menos de 48 horas, se han registrado tres graves hechos de violencia en establecimientos educacionales. La Municipalidad de Santiago confirmó este jueves que inició un proceso disciplinario contra un alumno del Instituto Nacional, acusado de agredir brutalmente a una inspectora. A este hecho se suma la agresión ocurrida en Trehuaco, donde una profesora fue atacada con un palo de escobillón por un estudiante, resultando con una fractura craneal y debiendo ser intervenida de urgencia en Concepción. Además, en San Javier, otra docente recibió un golpe de puño en la cabeza por parte de un alumno de quinto básico tras un episodio de desregulación emocional.
Frente a este preocupante escenario, la diputada Natalia Romero afirmó que “la educación es otro de los fracasos de este Gobierno. No podemos seguir normalizando la violencia en las escuelas. Es urgente realizar una intervención profunda en las comunidades escolares, que garantice la seguridad de todos: estudiantes, profesores y funcionarios. Ya basta de mirar para el lado”.
Por esta razón, la parlamentaria llamó a crear un Registro Nacional de Incidentes de Violencia Escolar, con el objetivo de transparentar la situación y contar con datos concretos que permitan actuar de manera preventiva y focalizada.
“Hoy no existe un registro que permita dimensionar la magnitud real de este problema. Los casos quedan muchas veces ocultos o son tratados de manera aislada, sin respuesta ni seguimiento. Con este registro, no solo visibilizaremos cada hecho de violencia, sino que también podremos identificar patrones, diseñar políticas públicas efectivas y destinar recursos a las regiones y establecimientos que más lo necesiten”, explicó Romero.
Además, la diputada señaló que este registro permitirá evaluar la efectividad de las campañas preventivas, facilitar el acceso a programas de apoyo psicológico para víctimas y testigos, y evitar que los colegios silencien o minimicen hechos graves.
“No podemos proteger a los agresores ni dejar solos a los profesores y estudiantes que hoy sufren esta violencia. El Estado debe tomar cartas en el asunto, y un registro nacional es el primer paso para enfrentar este problema de manera seria, con transparencia y responsabilidad”, concluyó la diputada.
