Durante esta jornada, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de reforma constitucional para establecer una fuerza de tarea operativa contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
La iniciativa es liderada por la presidenta del Partido Socialista (PS) y senadora, Paulina Vodanovic; junto con el presidente del PPD y senador Jaime Quintana; y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y senador Iván Flores.
A través de un comunicado, los senadores plantearon que el objetivo es que en esta fuerza de tarea operativa "se integren todas las instituciones del Estado que tienen funciones en materia de prevención concreta de delitos, persecución criminal y seguridad penitenciaria".
"Hasta el momento, hemos avanzado en reformas legales, Consejos y mesas de trabajo, pero hoy necesitamos el trabajo en el territorio de todos los organismos públicos que pueden aportar a neutralizar y encarcelar a las bandas y organizaciones criminales que están produciendo esta crisis de seguridad pública. Pero esta reunión de organismos requiere de un enfoque operativo, concreto y con una dirección clara", puntualizaron.
En este sentido, los legisladores afirmaron que "el encargado constitucional último de la seguridad pública es el Presidente de la República, por tanto, de él tiene que venir el mandato político y jurídico a todos los organismos públicos para dedicarse a desactivar las organizaciones criminales, incluyendo al Ministerio Público, cuya autonomía constitucional no puede. No es aceptable para la ciudadanía una división de funciones sin un responsable último, por tanto, debemos habilitar a este responsable para que pueda responder a las personas".
La idea matriz de la reforma constitucional
Los políticos detallaron que "la idea matriz de la reforma constitucional es que el Presidente de la República pueda convocar una fuerza de tarea concentrada en un territorio y en organizaciones específicas donde participe Carabineros de Chile, PDI, SII, Aduanas, UAF, Ministerio Público, DIRECTEMAR, Superintendencias, Servicio Nacional de Migraciones, entre otras, dependiendo de las características de dicha organización criminal y territorio".
Con esto, el Jefe de Estado "podrá otorgar un mandato claro a organismos públicos específicos de actuar en un lugar determinado, con un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso, así como uno de control en que participe la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia (por el tratamiento intensivo de datos) en base a objetivos establecidos".
"No podemos continuar con liderazgos divididos de cara a un fenómeno criminal nuevo que ha golpeado de manera trágica, sorpresiva y que amenaza con convertirse en las realidades que vemos en otros países de la región", concluyeron los senadores.