La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que impide que se sugiera o exija dar propinas en locales que no cuenten con atención de garzones, esto bajo la consigna de proteger los derechos y la integridad de los consumidores.
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La iniciativa fue impulsada por Víctor Pino (Demócratas) y busca que se modifique el Código del Trabajo para estipular que, en el caso de locales sin servicio de garzones, el empleador tome medidas para que los trabajadores no soliciten propina a los clientes.
De acuerdo con el autor del proyecto de ley, no se debe permitir que el personal del mesón, que no atiende directamente mesas, solicite propinas para sí mismos, ya que perciben una renta pactada con su empleador. Esto podría "incomodar a los clientes", indica el texto.
De lo contrario, el empleador arriesgaría multas que van desde las 3 a 5 UTM (entre $201.882 y $336.470, según el valor de la UTM de diciembre).
La norma recoge los dictámenes de la Dirección del Trabajo, que indican que "los titulares del derecho a pago de la propina son los garzones, ya sea que se desempeñen en régimen de jornada completa o part-time".
La norma cuenta con la firma de las y los diputados Roberto Arroyo (PCS), Yovana Ahumada (IND) y Joanna Pérez (DEM); y se informará a la Sala por el diputado Víctor Alejandro Pino.
¿Qué dice el proyecto de ley sobre propinas en locales sin garzones?
Concretamente, el proyecto de ley plantea modificar el artículo 64 del Código del Trabajo, para agregarle un nuevo inciso segundo que indique lo siguiente:
"Tanto en los establecimientos señalados en el inciso precedente, como en todo aquel en el que no exista o no se requiera atención a público a través de garzones, el empleador deberá tomar las medidas necesarias para que sus empleados no procedan a incomodar a los clientes que asistan a dicho establecimiento solicitando o sugiriéndole otorgar propina por el servicio recibido. En el caso de que el empleador no tome las providencias para evitar dicha acción, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de tres a cinco unidades tributarias mensuales".