La semana pasada, el Senado aprobó la discusión en general y particular del proyecto de ley del Gobierno que busca establecer límites a los funerales de alto riesgo. En particular, la iniciativa busca regular los llamados "narcofunerales".
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La ley que busca regular los "narcofunerales"
Según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, entre 2019 y 2021 se realizaron más de 1.700 funerales de alto riesgo en el país, llevando a un total de 1.300 detenciones.
Ante esta situación, en septiembre de 2023, el Gobierno presentó el proyecto que busca regular estos eventos a la Cámara de Diputados. En Julio, las y los integrantes de este ente respaldaron y despacharon este proyecto, y, esta semana, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el Senador Iván Flores (DC), anunció que la propuesta fue autorizada para discusión en general y particular. Esto significa que, este próximo lunes 26 de agosto, la iniciativa será discutida y votada por el Senado.
"Estamos trabajando a full en un proyecto que regula los funerales de alto riesgo, y esto es particularmente los narcofunerales, en donde se trastoca todo", anunció Flores en un video. Además, explicó que en estas ocasiones irregulares "se alteran las clases, se altera el consultorio, se altera el tráfico, hay temor en la población por las balaceras y todo lo que ocurre alrededor de este ambiente de delincuencia".
¿Cómo funcionará la ley que busca regular los funerales de alto riesgo?
La propuesta, que será discutida en el Senado, busca establecer un plazo y condiciones para la inhumación o entierro, cuya amenaza será calificada como tal por el o la delegada presidencial regional. Para ello, el proyecto define cuatro niveles distintos: riesgo extremo, alto, moderado y bajo.
En caso de los calificados de "extremo" y "alto", el o la delegada presidencial regional ordenará, mediante resolución fundada, que la inhumación se realice dentro del plazo de 24 horas, contadas desde la notificación de dicha resolución.
En estos casos, se deberá realizar la totalidad del proceso funerario en el plazo de 24 horas. Ello comprende el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el Servicio Médico Legal hasta el lugar donde se realizará el velatorio. Asimismo, la cremación o sepultación deber ser dentro del crematorio o cementerio legalmente autorizado de acuerdo al Código Sanitario.
La notificación de la resolución de la delegada presidencial regional se efectuará personalmente en el menor tiempo posible al pariente más próximo, en el siguiente orden de prelación: hijos, ascendientes y hermanos.
El proyecto despachado al Senado también hace referencia a los delitos cometidos dentro del cementerio, crematorio y/o en sus inmediaciones, detallando que esos casos se aplicarán penas específicas que excluirán el grado mínimo, por ejemplo, en infracciones a las leyes de armas y la que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes.
¿Cómo se determinará si un funeral es de alto riesgo?
A la hora de calificar el riesgo del funeral, el o la delegada presidencial en la Región podrá requerir información a la PDI y a Gendarmería. De la misma manera, si un órgano de la administración del Estado, en el marco de sus competencias, tiene antecedentes de que un funeral pudiere ser de riesgo, informará de inmediato a la delegación presidencial regional.
Para esta designación, el o la delegada presidencial deberá considerar el informe técnico que elaborará Carabineros. Dicho texto considerará los antecedentes delictuales del fallecido y las circunstancias del deceso, entre otros puntos. La información será reservada para terceros ajenos al procedimiento.
Debate respecto a la regulación de funerales de alto riesgo
Sin embargo, la ley ha tenido algunos detractores, sino en concepto, al menos en la forma. Durante la votación en la Cámara de Diputados, Gloria Naveillán (IND) manifestó cuestionamientos al proyecto porque todos los deudos tienen derecho a velar a sus familiares y, a veces, no alcanzan a llegar porque vienen de otras regiones.
Lorena Fries, otra Independiente, consideró que las policías ya tienen atribuciones para intervenir en narcofunerales. Igualmente, advirtió que el rito de la muerte está muy incorporado en Chile. “Hay que tener cuidado porque pueden existir problemas con la libertad de culto o con la pertinencia de los pueblos originarios”, expreso la diputada.