La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a la revelación de una investigación que lleva adelante la Fiscalía en torno a la diputada Catalina Pérez por el presunto delito de aborto.
Al respecto, la autoridad explicó que "entre el 2012 y el 2022 un total de 444 personas, mayoritariamente mujeres, fueron investigadas judicialmente por aborto en Chile".
"Más del 10% de las causas fueron después de un aborto espontáneo, de acuerdo a una investigación reciente de la Corporación Miles", agregó la secretaria de Estado.
En esta línea, señaló que "estas investigaciones implican para el Estado un gasto en fiscales, diligencias, audiencias, entre otros, para perseguir a mujeres que practicaron o tuvieron un aborto, o tomaron esta decisión en circunstancias muy complejas, además del efecto que tiene la persecución penal en su salud mental".
"Creemos que este país no puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por este tema y debemos avanzar y no retroceder en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, y finalmente, que las mujeres puedan decidir respecto a sus proyectos de vida", recalcó la titular del Ministerio de la Mujer.
"Por eso motivo precisamente es que el Ejecutivo ha comprometido el ingreso de un proyecto de ley de legalización del aborto", cerró.
"No nos referiremos al tema por la naturaleza del delito"
Consultado sobre esto por TVN Red Antofagasta, el fiscal Juan Castro Bekios, quien lidera la investigación del caso Democracia Viva -donde se indaga a la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade, de quienes este viernes se relevaron nuevos chats-, comentó que "respecto de ese tema no nos vamos a referir por la naturaleza del delito, así que es todo lo que le puedo decir por ahora".
"Por la naturaleza y el tipo de delito, no nos vamos a referir a ese tema", insistió el persecutor.
Finalmente, reiteró que "todas las investigaciones que realice el Ministerio Público son por ley reservadas, así no vamos a referirnos más al tema".