El Gobierno se mantiene firme en responsabilizar políticamente solo a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Lo anterior pese a que el contrato de compraventa fue firmado por la ministra de Defensa, Maya Fernández, en su calidad de copropietaria y circunstancias que la Constitución lo prohíbe.
“El proceso de adquisición de la residencia para efectos patrimoniales, es un proceso que nos interesaba pero a todas luces no se llevó de la manera adecuada, esa responsabilidad política recae en el ministerio que estaba a cargo, que es el de Bienes Nacionales”, afirmó la vocera subrogante, Aisén Etcheverry.
“Es importante atenerse a los hechos que estaban en papel, esos hechos dan cuenta que este proceso debió haberse interrumpido antes, que eso genera responsabilidades políticas que se hicieron valer”, dijo también.
Al respecto, la también ministra de Ciencias explicó que el contrato de compraventa de la residencia será sometido a una “resciliación”, lo que implica dejar sin efecto el proceso.
“No existe ningún efecto, no hay una consecuencia, se rescilia solo una de las etapas, que fue la firma del contrato en la notaría. Para que no quede ninguna duda de la voluntad, se rescilia”, expuso.