El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a una serie de tiendas de retail y supermercados por pedir, sin motivo alguno, la boleta a clientes a la salida de los recintos.
Concretamente, el Sernac apuntó contra los supermercados Hiper Lider, Lider Express, Unimarc, Super 10 (Mayorista 10), Tottus y Acuenta.
Asimismo, las tiendas de retail acusadas son La Polar, Corona, Falabella, Ripley, Easy, Homecenter Sodimac y Construmart.
Andrés Herrera, director nacional de Sernac, aseveró que, si bien las empresas tienen el derecho de tomas las medidas necesarias en seguridad, estas deben ser respetando la Ley del Consumidor y la dignidad de las personas.
Herrero explicó que, entre las irregularidades detectadas en las citadas empresas, está "no entregar información veraz y oportuna sobre dichas medidas, actuar discriminando arbitrariamente o no respetando la dignidad de las personas, y la falta al deber de profesionalidad, entre otras materias esenciales".
El organismo agregó que pedirle la boleta a clientes para demostrar el pago "no solo resulta desproporcionada y poco profesional, sino que implica someter a los consumidores a situaciones de estrés, que además pueden dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias o actuaciones vejatorias, pues ello queda a criterio, en última instancia, del guardia que exige dicha boleta".
Igualmente, Sernac manifestó que las 13 empresas señaladas realizaron las siguientes acciones:
- Control de boleta a consumidores que llevan carros con gran cantidad de mercadería, alto valor o sólo productos tecnológicos o de línea blanca
- No informar acerca de la voluntariedad del procedimiento
- Control de preferencia a jóvenes
- Revisión de productos que salen sin bolsa y de grandes dimensiones
- Inconsistencias entre las declaraciones de los jefes de local y los guardias de seguridad respecto al control de boletas
Sernac aclaró que si guardias o personal de vigilancia sorprendan a una persona delinquiendo, sólo están facultados para ponerla a disposición de las autoridades competentes, como Carabineros o la Policía de Investigaciones.
Además, dichos guardias de seguridad o personal de vigilancia no pueden discriminar, burlarse, golpear, registrar ni detener a la persona contra su voluntad.
Los consumidores tienen derecho a exigir las indemnizaciones que correspondan cuando ven afectados sus derechos, lo que incluye, por cierto, la humillación, el dolor y la aflicción que la situación le haya causado.