El Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó decretó cuatro años y un día de cárcel efectiva para Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric en el marco del estallido social, tras ser nuevamente detenido por un robo con intimidación en diciembre de 2023.
Si bien el sujeto enfrentó un juicio abreviado, donde la principal causante era la acusación de secuestro, la justicia lo terminó sentenciando por el delito de robo con intimidación.
Según la Fiscalía de Atacama, Castillo protagonizó lo que terminó siendo una pelea y robo en contra de unas personas mientras manejaba bajo los efectos de sustancias ilítias.
"Desde el mes diciembre del año pasado los antecedentes de la carpeta investigativa que se expusieron en la audiencia de control de detención daban cuenta de ilícitos de robo y secuestro. Sin embargo, con la ejecución de las diligencias ordenadas por la Fiscalía se obtuvieron nuevos antecedentes que permitieron acreditar el delito de robo con intimidación y violencia y el manejo bajo la influencia de estupefacientes", explicó el fiscal Sebastián Coya.
Asimismo, enfatizó que la misma pena fue impuesta a la coimputada, Camila Morales, quien al tener irreprochable conducta anterior le fue impuesta una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Paralelamente, las adolescentes participantes en estos hechos ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.
Indulto y extenso prontuario
En marzo del 2022, el Presidente Gabriel Boric concretó los polémicos indultos a 13 personas ligadas a diversos delitos por el estallido social.
Uno de ellos fue Luis Castillo, cuyo extenso prontuario generó diversas críticas al Mandatario.
Lo anterior, debido a que el hombre, de ahora 36 años, tenía antecedentes por cinco delitos a lo que se sumó que Gendarmería emitió un informe en el que tildaba de "desfavorable" indultarlo. Sin embargo, al ser una decisión presidencial, Boric autorizó el beneficio pese a la advertencia de la institución.
Dicha acción generó la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ya que posteriormente se comprobó que el Gobierno pidió mantener en reserva los expedientes de los indultados, donde aparecen los informes de Gendarmería.
Concretamente, el sujeto estuvo involucrado en ataques a servicios públicos e incluso un saqueo a una automotora, en el contexto del estallido social en Copiapó.