El Ministerio Público presentó acusación en contra de los 44 miembros del clan Los Gallegos, brazo operativo de la banda transnacional venezolana conocida como el Tren de Aragua que operaba en la comuna de Arica.
La Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de esa ciudad pidió penas de presidio perpetuo para 11 de los imputados, además de otras penas que suman más de 200 años de cárcel para los 33 restantes.
El libelo acusatorio fue presentado ante el Juzgado de Garantía local e incluye 22 hechos delictivos, entre ellos siete homicidios -seis de ellos calificados- registrados durante el año pasado, en los cuales tres las víctimas fueron enterradas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño.
Además, a los acusados se les sindica como responsables de secuestros, tráfico de armas, de drogas y trata de personas con fines de explotación sexual, extorsiones y sicariato, entre otros ilícitos.
Según la investigación, los líderes del grupo criminal son Yoneiker Paredes Fagundez, Jorve Galavis García y Misael Zambrano Jiménez. De los acusados, 36 son venezolanos, uno es colombiano, uno es dominicano y el resto son chilenos. Todos están en prisión preventiva.
Entre los medios probatorios, el ente persecutor presentará peritajes de armas de fuego y 12 cuadernos incautados, en los que se controlaban las finanzas de la agrupación. Hay más de 60 informes policiales, la mayoría de ellos correspondientes al análisis de más de 140 teléfonos intervenidos.
La investigación comenzó en enero de 2022 y contempló tres megaoperativos. Ahora el tribunal debe fijar la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral.
“Se trata de una mega investigación que ha permitido dar fuertes golpes contra el crimen organizado y dejar tras las rejas a acusados sumamente peligrosos. La etapa investigativa ya está concluida y ahora corresponde seguir su proceso en sede judicial, a través de un juicio oral en que presentaremos todo nuestro trabajo para acreditar la participación de los acusados y que sean sancionados por estos hechos”, señaló el fiscal regional, Mario Carrera Guerrero.