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Ministro Cordero sostiene que no se revocarán pensiones de gracia a personas con daño permanente

"Los casos de las lesiones oculares, son los casos más evidentes", dijo la autoridad.

24horas.cl

Domingo 21 de enero de 2024

Este domingo 21 de enero, en una nueva edición de "Estado Nacional", el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la lucha contra el crimen organizado, la situación de hacinamiento en las cárceles y la polémica por las pensiones de gracia.

En conversación por Matías del Río y Constanza Santa María, el secretario de Estado aseveró que la situación de los homicidios "es grave, en el entendido que es el delito más nocivo y que más atormenta a las personas". 

En esa línea, afirmó que para combatir los asesinatos "se necesitan intevenciones urgentes", las cuales se están desarrollando. 

Respecto a la situación de las cárceles, Cordero fue enfático en descartar que en Chile se repita lo ocurrido en Ecuador, debido a que "el estado de Chile tiene control total de las cárceles y sabe perfectamente lo que pasa en su interior (...) Eso no significa que no estemos en circunstancias de preocupación respecto de situaciones que están identificadas". 

Más en detalle, la autoridad confirmó que al interior de los centros penitenciarios existe un aumento de ciertos delitos, entre ellos, las extorsiones y las riñas. 

"Han aumentado las extorsiones, porque se están denunciando (...) durante la pandemia, los homicidios al interior de las cárceles bajaron, pero las riñas han aumentado", puntualizó. 

Hacinamiento en cárceles y consecuencias del alza de personas bajo prisión preventiva 

El ministro Cordero reconoció que población penal ha crecido cerca del 27% en aproximadamente los últimos 19 meses. 

"Cuando uno tiene tasas de encarcelamiento tan altas, se está fomentando el reclutamiento al interior de las cárceles", manifestó la autoridad como una de las problemáticas. 

En relación al tipo de criminal que está ingresando a las cárceles de Chile, el secretario de Estado afirmó que los extranjeros representan un gran porcentaje de la población penal actual, sobre todo en el norte del país. 

"El país, hace una década, tenía cerca de 1.600 personas privadas de libertad extranjeras, casi no eran venzolanas ni colombianas, ahora son casi 7.000 y representan el 14% de la población penitenciaria", detalló, agregando además que aquellas personas tienen nacionalidades, en su mayoría, boliviana, colombiana y venezolana. 

También indicó que los delitos de robo, tráfico de drogas y tenencia de arma son los que m´´as se repiten entre los extranjeros que ahora están privados de libertad. A lo anterior se suma que hay un gran pocentaje de migrantes bajo la medida cautelar de prisión preventiva y no porque estén condenados por algún crimen.

"En el norte, el 60% de los internos están en prisión preventiva y un 40% por condena (...) tenemos un abuso de la prisión preventiva, eso no permite segregar correctamente y tener políticas de reinserción adecuadas", señaló.  

Finalmente, Cordero expuso que las bandas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales que est´´an en las cárceles de alta seguridad "han intentado motines" y que "los comportamientos indebidos al interior de las cárceles son cometidos en su mayoría por extranjeros".  

Producto de lo anterior, parte de las políticas públicas que desarrolla el Gobierno en torno al aumento de la capacidad de las cárceles, apuntan a que de aquí al "2033 debiera haber un aumento de un poco más de 20 mil nuevas plazas en el sistema".  

Pensiones de gracia 

Cordero también se refirió a la polémica por las pensiones de gracias, luego de que se descubriera que algunos de los beneficiarios fueron condenados por delitos antes y/o después del estallido social. 

En este sentido, la autoridad reiteró que el beneficio se mantendrá para las personas que tengan un daño permanente, tal como es el caso de las lesiones oculares. 

"El Presidente de la República lo ha definido, lo expresó la ministra Tohá y yo lo he expresado con anterioridad", sostuvo en la instancia. 

En este sentido, comentó que las pensiones se mantendrán en caso de "un daño permanente. Los casos de las lesiones oculares, son los casos más evidentes". 

"El Presidente ha definido los criterios y el Ministerio del Interior se encuentra estudiando cada uno de los expedientes", planteó, recordando que "hay 418 pensiones otorgadas producto de las glosas del estallido". 

"Esto es bien relevante, porque aquí se ocupa la atribución general, pero aquí está glosado por la glosa de 2021 y 2022, 148 corresponden a la administración del expresidente Piñera, 270 a la administración del Presidente Boric; se pagaron con los recursos del 2022, no se otorgan más pensiones asociadas al estallido, y por lo tanto, el aspecto que está vinculado es esa evaluación que es la que se está haciendo en la actualidad por la comisión", puntualizó. 

Asimismo, reiteró que existen "pensiones que son observables", las cuales corresponden a "personas que han sido condenadas, con condenas previas o posteriores (estallido social), y en segundo lugar que no hubiesen estado en los supuestos que les permitió acceder a la pensión". 

Reuniones de ministros con Pablo Zalaquett

Nicolás Grau (Economía), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Esteban Valenzuela (Agricultura) y Carolina Tohá (Interior) fueron los ministros que se reunieron con empresarios en la casa del lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett. 

Tras una extensa polémica, finalmente cinco de esos seis secretarios de Estado decidieron registrar dichos encuentros bajo la Ley de Lobby. Esto, luego de que el Presidente Boric le instruyera a los miembros de su gabinete "evaluar" si debían ingresar las reuniones en la plataforma. 

Al respecto, Luis Cordero defendió que, "el Gobierno ha tenido siempre solo un discurso: desde el punto de vista legal, las reuniones informadas por sus ministros no estaban dentro de la hipótesis de la ley de lobby".  

"Ninguno de los ministros y sus equipos legales entendían que esas reuniones debían estar dentro del registro (...) otra cosa es el debate público y dentro del debate público, el Presidente le pidió a sus ministros evaluar con detalle cada una de las reuniones, dado que ellos eran los que habían participado, y por eso las reuniones las han registrado en el entendido que es una política de transparencia por parte de ellos", zanjó.