Democracia Viva: Contralor asegura que "hay personas contratadas por fundaciones que trabajan como funcionarios públicos"

El primer informe que realizó la Contraloría de la República sobre Caso Convenios, específicamente de las irregularidades entre Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, contiene 15 observaciones a irregularidades que se cometieron durante el proceso de adjudicación del proyecto de asentamientos precarios.

Al respecto, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, señaló en Estado Nacional Prime que se han hecho cientos de auditorías en materia de transferencias de recursos públicos, pero que, en particular, la investigación a los vínculos entre Democracia Viva y la Seremi de Antofagasta, no estaba planificada, sino quese actuó producto de las denuncias.

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El motivo de aquello, según indicó Bermúdez, es que enfocan los posibles riesgos en donde se manejan grandes cantidades de dinero.

"Estamos hablando de un ministerio (Obras Públicas) que tiene $1.4 billones de presupuesto, por lo tanto, cuando uno lo ve, efectivamente, hay que fiscalizar y así se hace, pero luego, si uno hace el doble cick y ve los programas que tiene el ministerio, uno puede ver que sólo en subsidios habitacionales tiene un presupuesto de $500 mil millones y otro tanto en el presupuesto que está destinado al subsidio de arriendo y luego tiene otros programas, como el de asentamientos precarios, que es un programa que tiene $40 mil millones destinados", comenzó explicando.

Tras ello, señaló: "Evidentemente que la planificación dice 'vamos donde hay más recursos', que son los subsidios, no a un programa como este. Es mucho dinero, pero en términos del macro del Estado es un programa que no tiene tantos recursos como sí lo tienen otros programas, por lo tanto, había menos riesgo y había que enfocarse en los otros".

"FUNCIONARIOS PÚBLICOS" CONTRATADOS POR FUNDACIONES

En cuanto a la gravedad de los hallazgos, el contralor señaló que estos dan cuenta de la "debilidad institucional" existente en esta materia,

"No es casualidad que uno de los hallazgos más graves, aparte del tema de los recursos públicos, sea que, por ejemplo, haya 12 personas que trabajan en la Seremi de Vivienda y otras tres que trabajan en el Serviu en Antofagasta y que están contratadas por las fundaciones que trabajan como funcionarios públicos"

Sobre esta modalidad explicó que, a las fundaciones se les asigna un convenio y estas mismas contratan a las personas que, finalmente, son destinadas a trabajar en la seremi como si fueran funcionarios públicos.

"Eso es gravísimo (...) tiene acceso a los sistemas, tiene correo institucional, toma decisiones o forma parte de equipos donde se toman decisiones, pero en realidad no es funcionario público", aseveró, agregando que entre sus funciones estaba "revisar los convenios que tenían con las propias fundaciones, hacian la revisión de las cuentas que debían entregarse".

"Hay un error en el entendimiento de cómo funciona el Estado respecto de tener personas que son privadas trabajando, porque además la ley no lo permite", consignó.

En palabras del contralor, las 15 observaciones del informe son todas graves, pero sacó conclusiones relevantes:

1. Los servicios públicos y gobiernos regionales, para no perder presupuesto de un año, lo transfieren a quien sea, para demostrar una buena ejecución presupuestaria y se saltan los procesos.
2. No existe regulación en esta materia.

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¿SE JUSTIFICA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO A DEMOCRACIA VIVA?

Bermúdez fue enfático en que "no existe justificación para que Democracia Viva fuera la fundación elegida para llevar a cabo el proyecto".

Lo anterior, debido a que no hay coincidencia entre el trabajo que se encarga y los estatutos de la fundación.

Finalmente, dijo estar de acuerdo con los dichos del ministro Carlos Montes sobre la dificultas de devolver los dineros otorgados.

En concreto, señaló: "No existe ninguna posibilidad de recuperar esos recursos, porque no hay garantías".