La tarde del miércoles el pleno de la Comisión Experta aprobó una serie de artículos del segundo capítulo de "Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales", los que ahora pasarán a formar parte del anteproyecto de nueva Constitución.
LEE TAMBIÉN:
- Comisión Experta aprobó derecho a la propiedad, vivienda y educación
- Comisión Experta: 4 claves sobre el primer capítulo aprobado del anteproyecto
- Pleno de Comisión Experta: ¿qué ocurrió este miércoles?
Durante la sesión, se revisó el artículo 17, el que contempla el detalle del amplio catálogo de derechos sociales, entre los que destacan el derecho a vivir en un medio ambiente sano, a la educación, al trabajo decente, a la libertad sindical, a la seguridad social, a la vivienda adecuada, al agua, a la propiedad, entre otros.
Uno de los temas que fue parte del debate entre los comisionados y comisionadas fue el derecho a la salud, en el que, finalmente, no quedó contemplado el destino de las cotizaciones. Revisa todo el detalle a continuación:
Libertad de elección en salud
El derecho a la salud quedó consignado en el artículo 16 del anteproyecto. En su letra a), se establece que:
"El Estado protege el libre, universal, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de dichas acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, abordando sus determinantes sociales y ambientales, de conformidad a la ley".
A esto se le suma que "es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley".
Si bien quedó consignado que el Estado debe garantizar el derecho a instituciones estatales o privadas, manteniéndose la libertad de elección de prestadores, no quedó establecido lo referente al destino de las cotizaciones, lo que quedará abierto al legislador.
Mientras que para la oposición era fundamental dejar por escrito que el destino pudiera ser a entidades públicas o privadas, para el oficialismo eso habría apuntado a "constitucionalizar" a las Isapres.
"Existe la posibilidad, a partir de ahora, de que el Estado pueda –mediante una ley– destinar todos los fondos de nuestras cotizaciones a un fondo común estatal. Me parece que no es el modo adecuado (...) yo esperaba que una Constitución democrática impidiera que nos privaran a nosotros de la libre elección de nuestro financiamiento en salud", mencionó el comisionado Jaime Arancibia (RN).
En el otro sentido, Flavio Quezada (PS) señaló que "lo que se ha rechazado es constitucionalizar un determinado modelo basado en criterios individualistas, pues no alcanzó el consenso necesario para ser incorporado en el texto. Quizás, más adelante, se incorpore el modelo de isapres en el texto a plebiscitar pero dudo que sea la síntesis entre las distintas visiones que se unieron para conformar los 3/5 que están detrás de las normas que aquí se proponen".
Rechazo al derecho "del que está por nacer" y de derechos sexuales
En el anteproyecto quedó consignado "el derecho a la vida" y que "se prohíbe la pena de muerte". Sin embargo, a través de una enmienda, la oposición buscó añadirle una frase: el derecho a la vida del que está por nacer.
"La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable", sostenía parte de la indicación, no obstante, fue rechazada.
El oficialismo, por su lado, renovó la enmienda que señalaba que "toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos", pero tampoco consiguió los votos necesarios para formar parte del anteproyecto.
Educación
En el inciso 17 quedó establecido "el derecho a la educación". En el texto, no quedó señalada la gratuidad universitaria, como había sido parte del debate.
"La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática", comienza indicando el inciso en su letra a).
En la letra b), en tanto, se plantea que "el Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia".
Derecho al agua
"El derecho al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras". Así comienza el numeral 24 del artículo 17, el cual añade que "prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente".
Alexis Cortés (PC), expresó que "este anteproyecto le habla a las futuras generaciones, a quienes les debemos un mundo habitable".
Teodoro Ribera (RN), por su lado, manifestó que "el principio fue: el que tiene mantiene. Eso fue lo que nos impulsó. No estamos modificando en nada el Código de Aguas y nos interesa mucho que eso quede consignado así".