La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) del Gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina, calificó a personas con distintos grados de discapacidad como "idiotas", "débiles mentales" e "imbéciles".
Los términos antes mencionados aparecieron en el anexo 1 de la "Normativa para la evaluación médica de invalidez para las pensiones no contributivas por invalidez laboral", en el que aparte de insultar a sus beneficiarios, ponen más condiciones para que estos puedan recibir dinero del Estado.
Precisamente debajo de un apartado titulado "Retardos Mentales", la organización utilizó insultos para clasificar a las personas según su nivel de discapacidad. Asimismo, el documento determina que "le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor". En específico estos serían los grupos:
- 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.
- 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.
- 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
- 60-70 (débil mental moderado): lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
- 70-90 (débil mental leve): cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura.
- Fronterizos: los que tienen CI cercan al normal.
Tras esto, siete organizaciones argentinas de derechos humanos interpusieron el pasado 3 de febrero un reclamo administrativo en el que solicitaron a la ANDis la derogación urgente de la norma "por violar los derechos de las personas con discapacidad".
En el reclamo afirman que la resolución "atenta de modo flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país (ley 27.044), poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales".