Cada mañana, Sebastián Ciliurczuk abría el grifo en su casa de Montevideo para hervir el agua para el mate.
Hace 45 días, este contador de 41 años tuvo que cambiar ese hábito y poner a calentar un litro de agua embotellada para la tradicional infusión del Cono Sur.
Como él, cientos de miles de uruguayos dejaron de tomar agua del grifo o utilizarla para preparar sus bebidas.
La calidad del agua corriente en la capital uruguaya y ciudades cercanas ha empeorado a lo largo del año debido a que uno de los embalses que provee de agua al sur del país se secó por la falta de lluvias y a que la principal reserva de agua dulce de esa región -el embalse de Paso Severino, situado 80 kilómetros al norte de Montevideo-, prácticamente se agotó.
Esta semana estaba tan solo al 3% de su capacidad, habiendo bajado hasta el 1,7% a principios de julio.
Un país que mira hacia el río más ancho del mundo y que creía que sus reservas de agua eran infinitas se ve enfrentado a la peor sequía desde que tiene registros hace 74 años, y sus consecuencias no se ven solamente en la producción agropecuaria, sino también en el día a día de más de la mitad de sus 3,5 millones de habitantes.
A Uruguay, que fue el primer país del mundo en incluir en su Constitución que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, ahora le cuesta cumplir con lo que manda su carta magna.
Agua salada en el grifo
El gobierno del centroderechista Luis Lacalle Pou confiaba en que la escasez de agua se solucionaría con las lluvias, pero estas no llegaron.
“(Se actuó) pensando en que era una cuestión temporal y que las lluvias iban a llegar”, declaró a mediados de mayo el viceministro de Ambiente, Gerardo Amarilla, en una entrevista con el canal 12 local.
Ante la pregunta de si esa era la razón por la que no se habían hecho un gasto antes para trasvasar agua de otro río a la cuenca que alimenta el suministro de la capital, el funcionario reconoció que sí.
Por esas fechas, el gobierno adoptaba medidas transitorias -por 45 días- de flexibilización en los requisitos de calidad del agua de cañería.
“Esperemos que no se tengan que extender”, dijo Lacalle Pou en esa oportunidad.
70 días después, la calidad del agua no ha mejorado.
Con una exigua cantidad de agua dulce en el embalse de Paso Severino, el gobierno autorizó el 26 de abril que la empresa nacional de abastecimiento de agua (OSE, de propiedad estatal) utilice agua proveniente del Río de la Plata, que tiene una mayor concentración de sal y cloruro, y la mezcle con las demás existencias.
Una semana después, el gobierno permitió que la proporción de sodio y cloruro fuera aún mayor en el agua, que según las autoridades es “apta para consumo humano”
Con estas disposiciones, Uruguay se aseguró que el agua no dejara de salir al abrir la llave.
Pese a ello, el agua que sale del grifo hoy en Montevideo puede tener, según la habilitación gubernamental, más del doble de sodio y casi el triple de cloruro frente a los valores máximos de la definición de potabilidad del país sudamericano.
Algunos días, sin embargo, esos nuevos topes fueron superados, de acuerdo a registros oficiales.
El agua contiene, además, una mayor cantidad de trihalometanos, compuestos químicos que se forman en el líquido cuando es tratado con cloro para su desinfección.
Ante el agravamiento de la crisis del agua, el gobierno declaró la emergencia hídrica el 19 de junio, y adoptó una serie de medidas extraordinarias, como la construcción de un dique de emergencia y una represa temporal, la compra de una máquina desalinizadora o la instalación de una tubería de unos 13 kilómetros de largo para llevar agua de otro río a la planta potabilizadora.
Inversiones postergadas una y otra vez
La causa inmediata para la situación hídrica crítica que atraviesa el sur de Uruguay es la falta de lluvias.
En los últimos tres años y medio llovió un 25% menos que el promedio histórico, y si solamente se considera el primer semestre de 2023, la disminución fue de 43% respecto a la media.
La escasez de precipitaciones en el sur del país es aun mayor y, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, “el período actual es el más seco” desde 1947.
Pero los expertos consultados por BBC Mundo consideran que también se llegó a la situación de emergencia actual por la falta de previsión de los sucesivos gobiernos uruguayos.
El embalse de Paso Severino se inauguró en octubre de 1987 y fue la última gran obra realizada por Uruguay para aumentar la capacidad de suministro de agua.
Su construcción había sido dispuesta tras un estudio llevado a cabo en 1970, que recomendaba varias medidas adicionales a adoptar, como la edificación de otra represa en la localidad de Casupá, a 110 kilómetros de Montevideo, para tener un segundo embalse de gran caudal.
La concreción de una segunda obra para el abastecimiento de agua se fue posponiendo gobierno tras gobierno.
Cinco episodios de sequía en las décadas de 1990 y 2000 hicieron que el tema volviera a la palestra de forma intermitente, pero como estas crisis no fueron tan severas como para afectar el suministro de agua potable, las inversiones pronto volvieron a quedar relegadas.
En 2013 y tras la aparición de cianobacterias en el agua, el gobierno uruguayo dijo que se debía construir un nuevo embalse; un año más tarde anunció el inicio del proyecto Casupá.
El tiempo pasó, el presidente José Mujica le pasó la banda a su compañero de izquierda Tabaré Vázquez y, casi al finalizar su mandato, en diciembre de 2019, el exmandatario presentó los estudios previos para que el gobierno de Lacalle Pou iniciara la construcción del embalse.
El proyecto establecía un cronograma de obras con finalización en junio de 2024 y requería una inversión de US$100 millones.
Otro proyecto
El gobierno de Lacalle Pou decidió ir por otro camino ante la propuesta de un grupo inversor de construir una planta potabilizadora en la localidad costera de Arazatí, al oeste de Montevideo, para tomar agua del Río de la Plata a un costo de unos US$280 millones más intereses, a pagar en 20 años.
Esto hizo que la discusión pública sobre la solución se politizara y que en la actualidad los partidos de oposición defiendan el proyecto Casupá, mientras que los oficialistas apoyan la iniciativa en la costa uruguaya.
Incluso funcionarios del gobierno han salido a declarar que siguen bebiendo agua del grifo, al tiempo que los opositores afirman que no se puede utilizar para casi nada.
“Supongamos que (...) nos hubiéramos decidido por la represa de Casupá, (...) hubiéramos hecho todo bien y en noviembre se hubiera terminado; esa represa [hoy] no tenía agua”, dijo Lacalle Pou en una rueda de prensa en mayo.
“¿Qué decidió el gobierno?”, preguntó el presidente, y se respondió: “Una fuente inagotable de agua como es el proyecto Arazatí, que toma agua del Río de la Plata”.
El jefe de Estado dijo que el proyecto que le dejó el anterior gobierno no está descartado.
El gerente general de OSE afirmó tiempo después que se deberían ejecutar los dos proyectos. “Hay que hacer Arazatí cuanto antes y también hay que hacer Casupá”, sostuvo.
"Falta total de previsión"
Para el director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, Daniel Panario, hubo una “falta total de previsión”.
“Somos muy de creer que acá nunca pasa nada”, le dice a BBC Mundo.
Panario, que es además doctor en tecnología ambiental y gestión del agua, entiende que para que se hubiera evitado esta crisis se debería haber invertido a tiempo tanto en la generación de una nueva fuente de agua como en la reparación de cañerías.
En Uruguay se pierde la mitad del agua que transporta OSE, mientras que en el promedio de los países en desarrollo las fugas son del 35%, según el Banco Mundial.
“Los diferentes gobiernos decidieron que era más barato potabilizar agua que arreglar caños”, afirma.
Respecto a la dicotomía sobre cuál debería ser la nueva fuente de recursos hídricos para el sur del país, Panario sostiene que “podría no ser ninguno de los dos” proyectos en discusión, pero que el que más se adecúa es el de Casupá porque supone un costo menor.
El experto advierte, además, que en el pasado la distribución de agua corriente en el sur del país estaba descentralizada en diversas fuentes locales, y que a lo largo de las décadas la unificación dependiente de una sola cuenca agravó la crisis actual.
El doctor en ingeniería ambiental y administración de recursos hídricos Diego Berger concuerda en que el acceso al agua potable en Uruguay era algo que se daba por sentado y que faltó planificación.
“Hay que entender que es un bien finito y que en el futuro va a haber más fluctuaciones, más años de sequía y más años de inundaciones”, le dice a BBC Mundo.
“Ninguna presidencia va a ver los frutos [de planificar e invertir] en su gobierno porque las políticas de agua implican trabajar a largo plazo, y en muchos lugares no quieren hacerlo porque trasciende la administración”, agrega.
Berger es coordinador de proyectos especiales en el exterior de la empresa de aguas israelí Mekorot, que fue contratada por OSE antes de esta crisis para una asesoría.
El año pasado, entrevistado por medios locales, Berger dijo que era un “milagro” que el sur de Uruguay tuviera “agua todos los días” porque dependía de una sola fuente de abastecimiento.
El especialista cree que lo más conveniente es que se construya primero la planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, para asegurarse una segunda fuente de agua, y que en una segunda etapa se desarrolle el proyecto de Casupá, porque depende de la misma cuenca que en estos años resultó afectada.
Berger piensa, además, que es necesario educar a la población sobre el consumo de agua.
De acuerdo a un informe del Ministerio de Ambiente publicado el 7 de julio que recoge previsiones meteorológicas y proyecciones basadas en diferentes modelos, la normalidad en la cuenca que alimenta el suministro del sur del país se podría alcanzar en diciembre.
Las lluvias de los últimos días han hecho poco para solucionar la crisis hídrica que vive Uruguay, un país que deberá buscar soluciones a largo plazo para evitar que llegue el temido "día cero" en el que se quede sin agua.
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