Su cabeza la encontraron el domingo encima de un automóvil y su cuerpo en el asiento del copiloto.
La víctima de este brutal asesinato era Alejandro Arcos, de 43 años, quien hacía 6 días había asumido el cargo de alcalde de Chipilingo, la segunda ciudad del estado de Guerrero.
Arcos estaba concentrado en atender los daños causados por el huracán John, que dejó graves inundaciones en la zona. Semanas antes dos de sus asesores también fueron asesinados.
Según dijo en una entrevista antes de morir, interpretó esos asesinatos como una “amenaza” para quien quiere luchar contra el crimen organizado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien también asumió el cargo el 1 de octubre, dijo el lunes que las autoridades están investigando el crimen y que este martes presentará su plan se seguridad.
Mientras se produce la transición del poder a nivel nacional y local, México vive una nueva sucesión de hechos violentos: a los ocurridos en Guerrero, se suma la muerte la semana pasada de seis migrantes que escapaban de un retén militar en el sur del país y la guerra abierta en la ciudad de Culiacán entre las principales facciones del cartel de Sinaloa.
Llegó para cambiar las cosas
Chilpancingo, de 200.000 habitantes, es de las pocas ciudades en la que los ciudadanos votaron en las últimas elecciones en contra del oficialismo como castigo por la ola de violencia que sufre la zona.
Arcos, candidato del PRI y opositor al oficialista Morena, le arrebató el poder al partido más grande de México gracias al rechazo popular a su antecesora, Norma Otilia Hernández, a quien acusaban de pactar con miembros del cartel Los Ardillos (ella lo niega).
Arcos había anunciado un plan de seguridad llamado “Blindaje Chilpancingo”, que consistía en contratar a más policías, adquirir más patrullas y fortalecer los sistemas de denuncia e investigación.
El 90% del municipio, prometió el día que asumió el cargo, tendría alumbrado público.
Guerrero, un estado en la costa del Pacífico en el que se encuentra la ciudad turística de Acapulco, ha sido durante décadas escenario de la violencia.
En los 70 fue el bastión de guerrillas campesinas y comunistas, y desde los años 90 es una zona de disputa entre carteles ligados al narcotráfico.
Tras una cruenta disputa entre dos poderosas organizaciones, el cartel de Sinaloa y el de Los Zetas, durante las últimas dos décadas han proliferado otros carteles y se ha fragmentado su poder territorial.
Hoy tienen control de diferentes zonas de la región los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana, los Ardillos, los Rojos, El Cartel del Sur y Guerreros Unidos, grupo supuestamente involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 10 años.
Asesinato de políticos
Aunque los detalles del asesinato de Arcos están por esclarecerse, en México la violencia contra los políticos locales es habitual.
Durante los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador al menos 20 alcaldes y 70 diputados municipales fueron asesinados.
Durante la campaña de las elecciones generales, al menos 37 candidatos a puestos de gobiernos locales, según la organización civil Causa en Común, fueron asesinados, 12 de ellos en Guerrero.
Los expertos explican que estos homicidios sirven a las organizaciones criminales para amedrentar a las autoridades, dar mensajes a sus oponentes o resolver conflictos latentes con los círculos empresariales o militares que rodean a los candidatos.
A nivel local, además, diversas organizaciones especializadas han detallado que los partidos usan la contratación de entidades criminales como herramienta política.
La gran mayoría de estos asesinatos se quedan sin resolver. No en vano, México tiene una tasa del 90% de impunidad.
Este lunes la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó el asesinato de Arcos en la presentación de su estrategia contra la violencia, la cual se espera que contemple mejores sistema de recogida de datos, mayor articulación entre fiscalías y policías, y garantías para la ciudadanía que denuncia.
También ha dicho que espera concentrar las labores en los estados con mayor violencia, como Guerrero.
La mandataria quiere mantener del gobierno anterior el uso de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad.
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