Ecuador está inmerso en un "conflicto armado interno", según declaró este martes su presidente, Daniel Noboa.
El mandatario ordenó a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles del país, después de que hombres armados irrumpieran en el canal de televisión TC de Guayaquil, y tomaran como rehenes a su personal durante una transmisión en directo.
A este incidente se sumaron incursiones de grupos armados en universidades y otras instituciones públicas, así como saqueos en Quito.
Esto se produjo a raíz de que el presidente declarara el estado de excepción el lunes al producirse graves incidentes en seis cárceles, con secuestros de policías y las fugas de los líderes de dos grandes bandas delictivas.
Repasamos tres claves que ayudan a entender la grave crisis de violencia e inseguridad que vive hoy Ecuador.
“Fito” y el poder de las bandas
Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha agravado especialmente en los últimos tres años.
En 2023 batió su récord histórico de homicidios con 7.878, de los que solo se resolvieron 584.
El país ha pasado a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, lo que ha fortalecido a las más de 20 bandas criminales que operan en él.
Estas bandas, que tienen en las cárceles sus principales centros de mando y operaciones, están vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia.
Algunas de las más conocidas son los Choneros, los Lobos, los Lagartos o los Tiguerones, y protagonizan episodios de extrema violencia, ya sea en conflictos internos o contra el gobierno, las instituciones o la sociedad en Ecuador.
En agosto del año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo, en un crimen que aún no se ha logrado esclarecer pero que muchos analistas vinculan con el auge de estas bandas.
“Este y otros crímenes son para ponerle condiciones al poder político y demostrar que desde hace algún tiempo, en buena medida, las bandas son quienes tienen el control en el país”, explica a BBC Mundo el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.
Además, existe el problema de que, gracias al dinero del narco, estas bandas se han hecho omnipresentes y sus tentáculos se expanden no solo hasta el último rincón de la sociedad ecuatoriana sino también en las propias instituciones a través de la corrupción.
“Un factor importante es la penetración que tienen en muchos espacios, no solo entre la población sino en la misma policía, en las Fuerzas Armadas”, explica el politólogo.
Solo así se pueden explicar las fugas de sus líderes, como la de Adolfo Macías, alias "Fito", el pasado fin de semana.
El jefe de Los Choneros cumplía una condena de 34 años desde 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato cuando desapareció de la prisión.
Mientras "Fito" se fugaba se reportaron graves motines en al menos seis cárceles de Ecuador, con informes de que varios guardias fueron tomados como rehenes por los prisioneros, en los que también aprovecho para fugarse otro líder mafioso, Fabricio Colón Pico, alias “El Salvaje”, jefe de Los Lobos.
Estos hechos llevaron al gobierno del presidente Daniel Noboa a decretar un estado de excepción por 60 días.
La reacción a la presidencia de Noboa
Daniel Noboa llegó al poder el pasado 23 de noviembre, por lo que solo lleva un mes y medio en el cargo y no ha tenido tiempo de aplicar los principales puntos de su programa.
Sus propuestas más relevantes, que le valieron el apoyo mayoritario de los ecuatorianos en las urnas, se centraban en la economía y, sobre todo, en la seguridad.
Si bien se presentó como un político moderado, lejos de posiciones contundentes como las de Nayib Bukele en El Salvador, sí formuló medidas encaminadas a debilitar a las bandas delictivas.
Prometió impulsar reformas profundas en las cárceles, con un sistema de segmentación que permitiera aislar a los presos más violentos y peligrosos.
Su propuesta más novedosa, que recientemente ha tratado de agilizar, pasa por instalar cárceles flotantes en barcazas para internar a delincuentes peligrosos lejos de la costa e impedir que sigan operando desde prisión.
Noboa también quiere penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, crear un sistema de jurados para delitos graves e invertir en avances tecnológicos, como drones y radares, para neutralizar a la delincuencia organizada en vías y fronteras.
Para dar un impulso a su plan anticrimen, el presidente expresó la semana pasada su intención de convocar un referéndum para que los votantes legitimen la imposición de medidas de seguridad más estrictas.
Para muchos analistas, las intenciones y propuestas de Noboa son un importante detonante de la respuesta de las bandas.
“Las mafias vinculadas al narco han reaccionado para mostrar que están en capacidad de ponerle un cerco a la democracia”, afirma Chiriboga.
El politólogo cree que el reciente decreto de estado de excepción -aplicado por el presidente tras la fuga de “Fito” y los posteriores motines- también contribuyó a agitar la respuesta de las bandas con la toma del canal de televisión.
“Su decreto parece haber alentado la guerra que están desatando los grupos mafiosos”, opina.
Y argumenta que “Noboa dio una respuesta sin mayor innovación, muy en la línea de los expresidentes Guillermo Lasso y Lenín Moreno, tratando de mostrar fuerza; y la reacción de estos grupos ha sido: ‘un ratito, nosotros somos los que mandamos y te lo vamos a mostrar’”.
El control del narco
El Departamento de Estado de EE.UU. calculó en 2019 que un tercio de la cocaína de Colombia pasa por Ecuador antes de dirigirse a Norteamérica y Europa.
En los últimos años el protagonismo de este país fronterizo con Colombia y Perú (ambos importantes productores) en el mercado internacional de esta droga se ha reforzado.
Ese cambio de paradigma se nota en la mayor cantidad de narcóticos decomisados, en el cada vez más habitual descubrimiento de laboratorios y, sobre todo, en el aumento exponencial de la violencia.
Las cada vez más fuertes bandas criminales, entre ellas los Lobos, los Choneros o los Tiguerones, tienen fuertes vínculos con los carteles del narcotráfico.
Los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras, según define el portal especializado InsightCrime.
Tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a raíz de un acuerdo de paz con el Estado colombiano, Ecuador adquirió más protagonismo en el mercado internacional de la droga.
Grupos disidentes de las FARC y otras organizaciones vinculadas al narcotráfico protagonizaron una descentralización de las cadenas de producción y distribución de la cocaína que metió en el negocio a grupos mafiosos de Ecuador.
Estos grupos, que operan especialmente en la frontera con Ecuador, en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, se alían con los carteles mexicanos y otras organizaciones europeas, principalmente de los Balcanes occidentales, que llegan a la zona.
Así, la participación de múltiples organizaciones criminales de diversos países crea una especie de disputa territorial y un aumento de la violencia en Ecuador, según los expertos.
Entre esas organizaciones también destacan dos carteles mexicanos: el de Sinaloa, que se cree empezó a operar en Ecuador aproximadamente en 2003 con el envío de emisarios y un perfil bajo, y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los Choneros han cooperado históricamente con el cartel de Sinaloa, mientras los Lobos, los Lagartos y los Tiguerones se han aliado con el CJNG.
