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Profesores en alerta por maltratos: "Hay muchos casos, hemos denunciado esto hace varios años"

En 2023 aumentaron un 29% las denuncias por agresiones contra profesores y personal de establecimiento escolares, respecto del periodo anterior.

24horas.cl

Foto: Aton.

Miércoles 24 de julio de 2024

El Colegio de Profesores llamó a paro nacional para el próximo 7 de agosto, por acoso y maltrato a los docentes en las distintas comunidades educativas.

El gremio justificó la decisión ante las denuncias que día a día se conocen en el país sobre agresiones y violencia contra los docentes. En específico, el Colegio de Profesores acusó “permanentes agresiones, malos tratos y agobios”.

La convocatorio se da después de dos muertes que enlutan a los docentes, la de la profesora Katherine Yoma de Antofagasta y de Albano Muñoz en Molina.

Ambos se quitaron la vida y -aunque un suicidio tiene causas múltiples- los profesionales revelaron malos tratos al interior de sus comunidades educativas antes de fallecer.

“Con la paralización queremos lograr que las autoridades aborden el tema, esto es una interpelación a quienes legislan y definen las políticas para que le den prioridad a este asunto porque es muy grave lo que está ocurriendo con la convivencia escolar al interior de los colegios” advirtió Mario Aguilar la semana recién pasada. 

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La pesadilla de los profesores: estrés laboral y maltrato

Existen varios factores que afectan el bienestar de los docentes actualmente. Desde el Colegio de Profesores indican que hoy hay estudiantes más agresivos y que tienen menos respeto por las autoridades.

También hacen hincapié en el rol de los apoderados, quienes muchas veces no apoyan medidas disciplinarias realizadas por los profesores, aunque tengan un carácter netamente normativo.

Y, además, una sobrecarga de trabajo administrativo en el profesorado, “lo que provoca sensación de agobio”, según relata Aguilar.

En cuanto a las agresiones, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Educación en 2023 se reportaron 243 denuncias por conceptos de “maltrato de estudiante hacia personal del establecimiento”, “maltrato de apoderado hacia personal del establecimiento” y “maltrato entre personal del establecimiento”. 

Los datos muestran que las denuncias son fluctuantes y que el año en que más se presentaron fue en 2018.

También se ve un alza del 29% entre 2022 y 2023.

Pero, el presidente del Colegio de Profesores Mario Aguilar dice a 24Data que la cantidad de denuncias de la Superintendencia de Educación no revela fehacientemente la realidad, puesto que como organismo habitualmente reciben reclamos por otros medios.

“Hay muchos casos, nosotros hemos venido denunciando esto hace varios años. El aumento del estrés y del agobio en nuestra profesión docente y las denuncias por maltrato, amenazas, sobrecarga de trabajo”, indica Aguilar.

“Hay situaciones donde no se llega a ese extremo (quitarse la vida) pero existe un aumento de las licencias médicas, las tenemos reportadas en gran número, mucho mayor a lo que se imagina la ciudadanía”, agrega.

Mario Aguilar además señala que en muchos casos no se denuncia por varias razones, entre ellas presiones de los sostenedores y también un cierto “pudor profesional” para no parecer victimizándose.

Maltrato a profesores: La pandemia y el daño en las comunidades educativas

El secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, Joaquín Walker, pone otro factor sobre la mesa: el daño que provocó a pandemia en las comunidades educativas.

El Plan de Reactivación Educativa es una respuesta integral a los efectos de la pandemia en el sistema educativo por el cierre prolongado de establecimientos. Uno de los ejes de este plan es la salud mental y la convivencia

“Hay evidencia que muestra que postpandemia hubo mayores muestras de desafíos y problemas que afectaron la vida de las comunidades educativas, tanto en salud mental como en aspectos relacionales”, indica Walker.

La autoridad enfatiza a 24Data que la salud mental es una prioridad para este gobierno, y que ante el difícil escenario que viven las comunidades educativas se ha implementado la Estrategia de Salud Mental, que contiene una serie de acciones dirigidas a estudiantes, directivos, asistentes de la educación y profesores. 

Dentro de la estrategia, destaca la creación de un sistema de Monitoreo de la convivencia y bienestar, que permite observar  a través de cuestionarios complementarios al Simce, aplicados a estudiantes, docentes, directores(as) y apoderados.

Proyecto de ley para la Convivencia Escolar 

El pasado 5 de junio el Ejecutivo ingresó al Congreso el "Proyecto de Ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas", con el cual se busca fortalecer y actualizar el marco normativo vigente con el objetivo de que las comunidaces educativas sean espacios de protección y bienestar, en las que se pueda prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos escolares. 

La iniciativa nace en medio de este escenario donde las conductas violentas y problemas de salud mental se han incrementado, dejando en evidencia que la actual normativa es limitada para esta nueva realidad. 

El proyecto de ley se focaliza en: 

  • Rol del Estado en el abordaje de la convivencia educativa. Es su deber adoptar medidas para la promoción de la convivencia educativa, el buen trato, el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además de propender la erradicación del acoso, violencia y discriminación. 
  • Se establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos educativos tengan un o una coordinadora de convivencia con dedicación exclusiva y jornada completa. 
  • Refuerza los equipos y facultades de la Superintendencia de Educación para la gestión colaborativa de conflictos y crea un Observatorio de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación.
  • Protege el bienestar de los equipos educativos en los establecimientos, para ello se propone actualizar la regulación en el marco de los compromisos del Estado con la ratificación del Convenio 190 de la OIT, para la erradicación del acoso, violencia y discriminación al interior de los espacios educativos, entendidos como espacios laborales.

Además, actualiza el artículo 10 de la Ley General de Educación, "ampliando los derechos de asistentes y profesionales de la educación, a trabajar en espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, donde se resguarde su integridad física, psicológica y moral". También, se establece un resguardo especial de los equipos educativos ante agresiones de estudiantes y apoderados, remitiéndolas y enmarcándolas en las reglas del Código del Trabajo que regulan dichas conductas como violencia en el trabajo ejercida por terceros.

El proyecto introduce modificaciones al Estatuto Docente y al de los Asistentes de la Educación, explicitando el rol del sostenedor de prevenir, investigar y sancionar conductas de acoso sexual, laboral y cualquier tipo de violencia en los centros educativos. El sostenedor del establecimiento deberá proporcionar asistencia jurídica al denunciante.

“Este proyecto de ley va a ser una contribución en la construcción de una mejor convivencia en las comunidades educativas, y en esa línea de cuidar más a los equipos educativos, incluyendo a los docentes”, dice el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, Joaquín Walker. 

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indica que "es una ley que va a contener y va a entregarle obligaciones a las jefaturas mucho mayores que las que han tenido hasta ahora respecto a tomar medidas de precaución y de resguardo y cuando hay un trabajador agredido se le entrege el apoyo y el respaldo que requiere". 

“Pedimos que se apoye con rapidez, creemos que va a regular de mejor manera y va a entregar herramientas para contener esta violecia que está en la sociedad", sentencia.