Se agrega que "sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia".
El texto indica también que esta estará integrada por "representantes de todos los pueblos y naciones indígenas, determinados por sus organizaciones representativas, a través de un proceso de participación indígena convocado de conformidad con el artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo".
Además, estará compuesta por "representantes del Estado y por personas de reconocida idoneidad, quienes serán nombradas por el Presidente de la República".
"El Estado deberá garantizar su debido financiamiento, infraestructura, acceso a la información necesaria, asistencia técnica, administrativa y, además, podrá convocar a organismos internacionales para desempeñarse como observadores garantes del proceso. La Comisión funcionará durante cuatro años, prorrogables por otros dos", finaliza la propuesta.
Cabe señalar que esta norma se enmarca en el artículo que ya está en el borrador constitucional sobre el derecho a las tierras, territorios y recursos, que consigna que "el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos".