La tarde de este lunes las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano presentaron oficialmente la acusación constitucional del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Esta consiste de siete capítulos sobre diferentes temas.
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Las temáticas abarcadas demuestran, de acuerdo a las parlamentarias, una "profunda crisis educativa", presentando argumentos que van desde la educación sexual hasta la violencia escolar. Al respecto, la acusación dice que Ávila lidera "una agenda sectorial en el ámbito de la sexualidad".
Bajo este contexto, Muñoz aseguró que "nosotros confiamos en que esta acusación es contundente y sólida, y esperamos seguir aumentando las fuerzas políticas que se sumen a ella por los antecedentes que hemos dicho".
En este sentido, detalló que algunos capítulos de la acusación "están relacionados con el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos y su vulneración", otros "están relacionados con no usar la ley de educación pública, y otro capítulo relacionado con que el ministro no ha cumplido con su rol de supervigilancia en el ámbito de la administración del Estado".
Muñoz también valoró el apoyo entregado por los partidos de Chile Vamos; el de la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina; y del Partido Republicano. "Esperamos seguir sumando fuerzas de aquí en adelante al centro, centro-izquierda, porque los antecedentes que tenemos y que acá se describen son graves", indicó.
En horas de la mañana, Ávila fue cuestionado por la acusación constitucional, pero aseguró que "no me puedo referir a un texto que no conozco. Una vez que lo conozca, me imagino vamos a trabajar junto a los equipos en la respuestas correspondientes".
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL DE ÁVILA: LOS 4 PRINCIPALES PUNTOS GOBIERNO
24 Horas tuvo acceso a la minuta del Gobierno respecto a la acusación de Ávila, en la cual señalan que estudiarán "cuidadosamente" los argumentos que buscan justificar esta medida, pero que —de acuerdo a los argumentos que se han entregado públicamente— creen "firmemente que no existen fundamentos que ameriten una AC contra el ministro Ávila".
"La idea de acusar constitucionalmente al ministro surgió por unas orientaciones al sistema, que ni siquiera fueron publicadas en este gobierno, y luego se fueron intentando sumar forzosamente otros elementos", añaden.
A lo anterior, añaden que el secretario de Estado "ha sido un ministro tremendamente dialogante, con disposición a escuchar, recibir y trabajar con todos los actores" y que siempre "ha estado absolutamente disponible para responder a todas las interrogantes relativas a su gestión y eso se demuestra en su permanente asistencia al Congreso".
"La oposición ha intentado instalar que los problemas de la educación surgieron en este gobierno. Pero la ciudadanía sabe que esto no es así. Los problemas de la educación vienen desde hace décadas", indican.
LOS SIETE CAPÍTULOS DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
- CAPÍTULO I: Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Jornadas de Educación No Sexista"
- CAPÍTULO II: Infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile"
- CAPÍTULO III: Infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva” del Ministerio de Educación
- CAPÍTULO IV: Infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo
- CAPÍTULO V: Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión del inserto de información sobre "educación no sexista" en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público
- CAPÍTULO VI: Incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas "de Alimentación Escolar" y "de Alimentación Parvularia"
- CAPÍTULO VII: Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Educación Pública, con ocasión de graves negligencias e inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación