El pasado lunes 3 de marzo se realizaron diligencias en el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, esto mientras ella se encontraba terminando su trabajo de parto y con su hijo recién nacido. Dichas diligencias se realizaron en el marco de la investigación del caso de Clínica Sierra Bella, y por un presunto delito de tráfico de influencias en su contra.
En este marco, es que durante la jornada de este sábado 8 de marzo se dio a conocer que el abogado Juan Carlos Manríquez, quien es parte de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y de la familia de Ronald Ojeda, asumirá como abogado defensor de Cariola, y cuya primera acción fue pedir la nulidad de las diligencias.
A través de un comunicado, el abogado Manríquez indicó que la nulidad se pedirá por "haberse vulnerado de forma ilegal e indebida sus derechos fundamentales, induciendo a un tribunal a otorgar una medida intrusiva y de incautación de su teléfono móvil con información incompleta, desprolija y errónea".
Manríquez además agregó que presentaron una denuncia en contra del Director de la Policía de Investigaciones, esto después de que un oficial de la PDI ejecutara la incautación del teléfono móvil de la diputada mientras ella se encontraba dando a luz a su hijo. "Incluso amedrentando con un escándalo en la clínica al padre del menor, si no accedía, contra las políticas de género y deberes éticos de la policía civil respecto de mujeres vulnerables, como lo son las madres gestantes y en situación de parto. Hoy 8 de Marzo, día internacional de la mujer, este reclamo es especialmente pertinente y grave", detalló.
Finalmente, el abogado representante de la diputada Karol Cariola, indicó que pusieron a disposición del tribunal todos los antecedentes que se habrían omitido, como por ejemplo que "jamás se renovó una patente comercial de un comerciante extranjero, por interés de ningun tipo, que esta había sido caducada por acuerdo unánime del concejo municipal de Santiago. Las conclusiones del informe policial que motivó el allanamiento confunde y omite comunicaciones de diferentes personas y épocas que da a entender serían una sola, llegando a conclusiones equívocas que movieron al fiscal Cooper y a un tribunal a avanzar en pedir y autorizar diligencias nulas y perjudiciales ampliamente filtradas a los medios que de haberse efectuado correctamente jamás hubieran permitido autorizar dichas diligencias hoy denunciadas", concluyó la defensa.