El ahora exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha presentado una serie de acciones judiciales en los últimos días con el objetivo de retrasar su audiencia de formalización, programada para el próximo martes 1 de octubre. La última de estas gestiones se llevó a cabo este sábado, cuando su defensa interpuso una apelación ante la Corte Suprema.
Esta acción surge tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había declarado inadmisible el recurso de amparo solicitado por los abogados de Yáñez, Jorge Martínez y Nicolás Oxman. Esta negativa fue un factor clave en la renuncia de Yáñez al cargo, debido al “criterio Tohá” del gobierno, que estipula que las autoridades que enfrentarán formalización deben dejar sus puestos.
El equipo legal de Yáñez ya había intentado, sin éxito, solicitar la postergación de la audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Posteriormente, presentaron dos recursos de reposición para revertir esta decisión y solicitar una audiencia de cautela de garantía, ambos rechazados.
Corte de Santiago desestimó uno de los últimos intentos de Yáñez
También interpusieron un recurso de amparo, argumentando que la licencia médica del abogado principal de Yáñez, Jorge Martínez, por problemas cardíacos, afectaba su derecho a una defensa adecuada.
La Corte de Santiago desestimó recientemente uno de los últimos intentos de Yáñez, señalando que el recurso de amparo “no resulta ser esta la vía idónea para obtener lo pretendido” debido a su conexión con el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La apelación presentada ante la Suprema por Martínez y Oxman cuestiona esta decisión, argumentando que limita injustificadamente el ámbito de aplicación de la acción constitucional. En el documento, se sostiene que el tribunal no está exento de cometer actos que puedan afectar la libertad del exgeneral.
Asimismo, la defensa subraya que la resolución de la Corte carece de un fundamento sólido y no considera la posible amenaza a las garantías constitucionales. Se argumenta que la Corte se abstuvo de analizar los antecedentes presentados, lo cual es esencial para determinar la admisibilidad de la acción constitucional.
La defensa de Yáñez concluye pidiendo a la Corte Suprema que revise el recurso, revoque la decisión de la Corte de Apelaciones y evalúe el recurso de amparo, así como la orden de no innovar que solicita la suspensión de la audiencia del 1 de octubre.