El sargento segundo Rodrigo Puga murió la madrugada del domingo tras recibir un disparo en las afueras del Teatro Caupolicán. En primera instancia, se informó que asistió al recinto en calidad de ciudadano, a un evento, sin embargo, la investigación determinó que la víctima prestaba servicios como guardia privado y que fue herido mientras desempañaba dicha función.
Este trágico incidente destapó un "secreto a voces": el doble trabajo de carabineros activos que buscan obtener más ingresos.
Esa noche de trabajo, Puga se encontraba en compañía de otros dos colegas de Carabineros, quienes fueron dados de baja apenas se conocieron más detalles. Según la carpeta investigativa, recibirían $40.000 por dicha jornada laboral.
Se trata de una especie de pacto de silencio al interior de Carabineros, pues con el paso de los años se mantiene y algunos lo realizan pese a la clara y explícita prohibición.
"UN SECRETO A VOCES"
"Por una necesidad económica de mi familia yo tuve que trabajar. Me vi en la necesidad de hacer trabajos remunerados", contó Esteban Infante, suboficial en retiro que por años se apegó a esta cuestionada y prohibida práctica.
"Es un secreto a voces, todos lo saben, pero si te pillan... te sanciono o te echo", agregó Infante.
En tanto, el teniente Daniel Medina, de Comunicaciones Sociales de Carabineros, puntualizó que "sabemos que no podemos hacerlo y sabemos a lo que nos arriesgamos. Hay faltas internas, que son disciplinarias, y otras drásticas, que es la eliminación de las filas, que te den de baja".
Desde el Gobierno señalaron que es ilegal y que se debe controlar. "Cuando sucede es motivo de preocupación, porque un funcionario que está contratado, tiene un horario, tiene una exigencia, tiene una misión que está ligada a una institución pública, tiene ciertas restricciones y esta es una de ellas. Es una de las materias que hay que controlar", aseveró la ministra Carolina Tohá.
"No hay registro de quienes lo ejerzan, porque está prohibido", añadió el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo vergara, quien enfatizó que es aún más grave que los funcionarios trabajen en rubros que son fiscalizados por la propia institución, como lo es la seguridad privada.