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Juicio de Eduardo Macaya: Valencia pide "revisar regulación de arrestos domiciliarios"

El fiscal nacional reclamó que esta medida cautelar "no se puede transformar en el nuevo Capuchinos".

24horas.cl

Martes 23 de julio de 2024

Luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la prisión preventiva contra Eduardo Macaya Zentilli, el fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitó este martes "revisar la regulación de los arrestos domiciliarios" tras cuestionar que esta medida cautelar "no se pueden transformar en el nuevo Capuchinos". 

El padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, alcanzó a estar poco más de 72 horas al interior de la cárcel de Rancagua, luego de que el tribunal de alzada decidiera reemplazar la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional pese a ser condenado a 6 años de cárcel tras ser declarado culpable de cometer cuatro delitos de abuso sexual contra dos menores de edad. 

Consultado por el fallo de la Corte de Apelaciones, Valencia aseveró que "tiene que revisarse la regulación de los arresos domiciliarios por distintos motivos: los arrestos domiciliario no se pueden transformar en el nuevo Capuchinos".

Capuchinos fue un centro penitenciario ubicado en Santiago, conocido por albergar a sentenciados por violaciones a los derechos humanos y a convictos de altos ingresos. A raíz de lo anterior, el recinto fue denominado como una "prisión VIP".

En segundo lugar, el fiscal nacional reclamó que los arrestos domiciliarios "no pueden seguir siendo controlados por carabineros, nos faltan carabineros para la actividad preventiva y resulta que los arrestos domiciliarios están siendo controlados por carabineros y eso distrae una cantidad importante de recursos". 

"Y tercero, lo más importante, los arrestos domiciliarios están siendo computados o considerados como una forma de cumplimiento de la condena. Es decir, en caso de que la persona sea condenada, cada día de arresto domiciliario es como un día de condena y eso no resulta justo", agregó. 

Finalmente, la autoridad sostuvo que esta medida cautelar es "un incentivo negativo a postergar los procesos para poder tener cumplida la pena con arresto domiciliario y eso no es justo", pero que "lamentablemente escapa a nuestras atribuciones cambiarlo".