Esta semana continuarán las negociaciones entre el Gobierno y los funcionarios del sector público, esto en el marco de sus diversas demandas económicas y laborales que, entre ellas, incluye un reajuste salarial.
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Cabe señalar que el pasado jueves, los trabajadores públicos concretaron su primer paro nacional convocado por la Mesa del Sector Público (MSP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que contempla ejes como la defensa de la estabilidad laboral; el cumplimiento de compromisos de la agenda laboral; y el reajuste real de remuneraciones.
El pliego de demandas 2024-2025 fue presentado por la MSP, instancia de negociación colectiva que reúne 16 organizaciones sindicales del sector público, siendo coordinada por la CUT.
Reajuste salarial del sector público: la petición de los trabajadores
En cuanto a sus exigencias de reajuste salarial, desde el sector público demandan, para el periodo diciembre 2024 - noviembre 2025, un reajuste de remuneraciones equivalente a un 3,0% de reajuste real (por sobre el IPC acumulado los últimos 12 meses). La solicitud nominal es de un 7,5%.
Esta propuesta incluye a todos los funcionarios y funcionarias del sector público, según se contempla en su pliego de demandas.
"En todos los casos, las transferencias fiscales de fondos para cubrir dichos gastos deben ser íntegras a todas y cada una de las Instituciones", indica el documento.
Las otras demandas del sector público
Desde las organizaciones involucradas subrayaron que les parece "del todo urgente que el Gobierno cumpla con los compromisos adquiridos con nuestras asociaciones afiliadas, en particular a los que se refieren al fortalecimiento institucional, cuya esencia no solo proyecta un mejoramiento laboral, sino que también un perfeccionamiento en el servicio que se entrega a diario a la ciudadanía".
En concreto, reafirmaron que "hacemos nuestras las demandas de la Mesa de Sector Público con respecto al pleno cumplimiento de la Agenda Laboral: Reducción de la jornada laboral a 40 horas para el Sector Público, legislación de una ley de teletrabajo en el Estado, Incentivo al Retiro, entre otras materias".
Otro de los puntos claves de las movilizaciones son la postura contraria al cambio en el principio de "confianza legítima" impulsado por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, a través de un dictamen sobre personal a contrata. En otras palabras, La Contraloría sentenció que no se pronunciará sobre las renovaciones de contratas en el sector público y la definición de confianza legítima en dichos casos, por lo que el tema solo podrá ser revisado en sede judicial.
Para la ANEF, esta iniciativa "pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarias y funcionarios públicos que están a contrata y que, este 29 de noviembre, vivirán una jornada de inseguridad absolutamente evitable. Es un imperativo ético para esta dirigencia sindical desplegar las acciones necesarias para revertir esta situación".