Los funcionarios y funcionarias públicos a honorarios que estén inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias deberán aceptar la retención de una parte de su sueldo o no podrán tener vínculos laborales con el Estado.
Así lo dictaminó la Contraloría General de la República tras la consulta realizada por la Municipalidad de Cerro Navia, generando de esta forma la jurisprudencia para el resto de las instituciones del Estado.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género precisó que los funcionarios inscritos "deberán autorizar a la institución respectiva para que retenga y pague directamente el monto de futuras pensiones o no podrán mantener vínculo con el Estado".
Según la información del Registro Civil, actualizada al 15 de noviembre, durante este año ingresaron 194.582 nuevas causas al Registro Nacional de Deudores, de las cuales 19.229 fueron canceladas.
De estra forma, a un año de la implementación del mecanismo, aún quedan vigentes 175.353 causas por pensiones alimenticias impagas, que corresponden a más de 166 mil deudores.