A raíz de las últimas informaciones publicadas por el medio Ciper Chile en la nota titulada “Chats revelan los favores entre Hermosilla y la suprema Vivanco (…)”, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini (PS), querellantes en el Caso Hermosilla, anunciaron que realizarán acciones para impulsar una acusación constitucional contra los jueces presuntamente involucrados en la red de tráfico de influencias del abogado Luis Hermosilla.
El reciente reportaje de Ciper revela chats de WhatsApp entre Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, donde se ve manipulación para la designación de salas para dictar fallos judiciales y quedan al descubierto tráficos de influencias. Incluso, se observa la participación del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en parte de estas operaciones.
Asimismo, figuran diálogos en distintas fechas respecto de gestiones para concretar el nombramiento de Vivanco en la Corte en 2018; y consultas para influir en la nominación de magistrados, como Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa.
“La falta de probidad, el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial son el caldo de cultivo ideal para la consolidación del crimen. Lo que ha develado Ciper respecto de la ministra Vivanco es extremadamente grave. Por tanto, el día lunes comenzaremos las conversaciones para impulsar una acusación constitucional contra ella y todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla”, señaló Manouchehri.
En esa línea, la diputada Daniella Cicardini, también querellante en el caso, indicó que “la gravedad de los antecedentes de Ciper respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial y ameritan totalmente el estudio del impulso de una acusación constitucional”.
Actualmente, los parlamentarios del PS son querellantes en la causa, respecto a los delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, por el que están cumpliendo medidas cautelares los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, sumados a Luis Angulo (pareja de Villalobos) y a dos funcionarios de la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos.