La tarde del viernes recién pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe tras revisar 34 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, luego de que el pasado 29 de junio, a poco más de dos semanas que estallara el Caso Convenios, el ente fiscalizador anunciara el "congelamiento" de todos aquellos contratos que pasan por el organismo, con la finalidad de iniciar un proceso de revisión.
Fue en ese contexto que el organismo detectó que 29 convenios no cumplen con los estándares requeridos, por lo tanto, fueron declarados ilegales o "representados". Todos ellos correspondientes a acuerdos suscritos el 2023, los cuales involucran más de $13 mil millones.
No obstante, la situación más preocupante se detectó en Los Lagos, puesto que 22 de los convenios que presentan "irregularidades" fueron suscritos por el gobierno regional (GORE) liderado por Patricio Vallespín.
Según consignó La Tercera, entre las transacciones "objetadas" destacan el traspaso de $1.200 millones desde el GORE de Los Lagos a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka Kimün y la transferencia de $2.061.000.000 a la Fundación Chinquihue.
Además, la aprobación de una transferencia por $1.020 millones a la Fundación Participa. Sin embargo, la situación más compleja tuvo base en el traspaso de $667 millones a la "Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo", convenio que había sido declarado ilegal antes de la revisión realizada por la Contraloría.
Esto habría derivado en que el ente fiscalizador decidiera abrir un sumario en el GORE de Los Lagos.
GORE Los Lagos descarta "irregularidades"
Una vez conocidos estos antecedentes, desde el Gobierno Regional de Los Lagos descartaron irregularidades en los convenios objetados por Contraloría, pues señalaron que los contratos "fueron suscritos sólo luego de contarse con asignación e identificación presupuestaria".
A través de un comunicado, el gobierno regional de Los Lagos explicó que, "en el marco de las normas contenidas en la Ley de Presupuesto 2022, suscribió 35 convenios con diferentes corporaciones, fundaciones y universidades (...) Todos fueron suscritos sólo luego de contarse con asignación e identificación presupuestaria, lo que consideró la aprobación por parte del Consejo Regional de Los Lagos, la remisión de los antecedentes a visación de DIPRES, la aprobación, por medio de la resolución respectiva de SUBDERE y la toma de razón de la misma por parte de Contraloría General de la República".
En esa línea, desde la administración regional aseveran que, una vez suscritos los convenios, "todos fueron aprobados por medio de resoluciones afectas, siendo sometidos, por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, al control de legalidad de Contraloría a través de la toma de razón".
Tras la revisión de los 35 acuerdos, y acorde con la versión del GORE, la Contraloría habría tomado razón "sin alcances u observaciones, de 6 de ellas, restando las otras 29 pues el Contralor General de la República instruyó la ampliación de los plazos de estudio en la toma de razón de tales actos administrativos".
"Es importante destacar que Contraloría no ha declarado de ninguna manera la ilegalidad de dichas 29 resoluciones y que el Gobierno Regional de Los Lagos se encuentra abocado a la tarea de responder, en tiempo y forma lo observado por el ente contralor, de manera de contar con la toma de razón", aseguran.
A su vez, el GORE aclaró que el convenio suscrito con la Corporación El Canelo no fue declarada "ilegal" y que tampoco se ha "instruido un sumario al respecto", ya que "tal convenio no tiene una situación distinta de los demás señalados".
Finalmente, el jefe jurídico del Gobierno Regional de Los Lagos, Alejandro Macías, puntualizó que se encuentran "trabajando, desde hace unos días, en responder a las observaciones realizadas por la Contraloría a los diversos convenios de transferencia de recursos en el contexto de la toma de razón de los mismos".
"En los próximos días, enviarenos al órgano contralor el nuevo modelo de convenios que cumpla con cada una de las observaciones realizadas por el órgano contralor", concluyó el representante.