En el marco de la investigación del caso Fondo de Ayuda Mutua (FAM), la Fiscalía pidió formalización por fraude al fisco de 39 funcionarios en retiro del Ejército, más tres de sus familiares.
La Fiscalía de Aysén formalizará a los acusados por el delito de fraude al fisco tras una indagatoria multidisciplinaria.
Según acusa el Ministerio Público, los acusados fueron recontratados a honorarios entre enero de 2012 y julio de 2017, para prestar servicios en la IV división del Ejército, en trabajos que nunca habrían realizado.
El fiscal regional, Carlos Palma, dijo que las contrataciones se realizaban con fondos del Estado para saldar la deuda tras el cierre del denominado FAM.
Montos comprometidos
En los 39 casos a honorarios, los montos comprometidos oscilan —en cada involucrado— entre $329.549 a $11.437.030 por persona.
En el caso de los tres familiares, que presuntamente prestaban asesorías en materias de computación, administración y documentación, los dineros defraudados varían entre $3.494.268 y $9.757.764 por cada uno. El total comprometido superaría así los 164 millones de pesos.
Las diligencias, respecto de otras 80 personas —todas en retiro—, continúan por parte del persecutor y el equipo interdisciplinario.
Personal activo
En octubre de 2021, la 2° Sala Penal de la Corte Suprema resolvió que el 2° Juzgado Militar de Santiago era competente para conocer de los hechos investigados en la denominada causa FAM, la cual fue tramitada desde 2018 por la Fiscalía regional de Aysén.
La determinación involucró a todos aquellos imputados en servicio activo, es decir, cerca de 700 oficiales y suboficiales de distintos rangos.
Tras la resolución del máximo tribunal, la causa respecto de los oficiales y suboficiales en servicio activo fue remitida al 2° Juzgado Militar para continuar su tramitación por parte de la ministra en visita extraordinaria, Romy Rutherford.
De acuerdo a las primeras estimaciones efectuadas en su momento durante las diligencias de la Fiscalía y PDI, los montos involucrados superarían en total los $2.900 millones y con más de 822 involucrados.