El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que debido a la "investigación iniciada a propósito de las denuncias formuladas por traspasos de dineros desde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a instituciones privadas", la Fiscalía de Alta Complejidad pidió una autorización judicial para respaldar la información de los servidores del Ministerio de Desarrollo Social.
Según explicó, "esta diligencia se realizó con una autorización judicial por cuanto la demora que podía existir en el otorgamiento de una autorización voluntaria para realizarla, podía generar riesgo en la conservación de la información que estimamos es necesaria e importante para la indagatoria que estamos desarrollando".
Asimismo, enfatizó que "la diligencia estuvo a cargo de la unidad Cibercrimen de la Policía de Investigaciones y, una vez realizada, se entregan estos antecedentes a la Fiscalía de Alta Complejidad para complementar con otros antecedentes que estamos recabando en esta investigación".