El Juzgado de Garantía de Temuco dejó en prisión preventiva a los hermanos Rinett del Pilar y Juvenal Eduardo Ortiz Rivera, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de administración desleal y lavado de activos, ilícitos cometidos en el marco del caso denominado “Manicure”.
En la audiencia de formalización, el magistrado Alfredo Cox Castro ordenó el ingreso en prisión preventiva de ambos hermanos por considerar que la libertad de los imputados constituye peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.
Al resolver la prisión preventiva, el juez tuvo en consideración que los delitos que se les imputan “afectaron a 200 mujeres del 60% más vulnerable del país, por un monto que alcanza a los $632.857.665. Sin duda hay un perjuicio fiscal, pero también uno social. Está claro el ocultamiento y una administración desleal. ¿Dónde está el dinero? Hoy no lo sabemos, pero la participación de los imputados no está en duda”.
La fiscalía, por tratarse de una investigación en curso con diligencias pendientes, y amparada en el artículo 31 de la ley 19.913, solicitó la reserva de la causa.
La petición fue acogida por juez, quien informó que la resolución "no es algo antojadizo ni que se esté ocultando información a los medios, sino que se trata de facilitar la labor del Ministerio Público en el curso de nuevas líneas investigativas, nuevos delitos y nuevas personas vinculadas".
Asimismo, el tribunal acogió la solicitud formulada por el ente persecutor y fijó para 10:30 horas del próximo lunes 21 de agosto, una audiencia para resolver el cautelar real de prohibición de celebrar actos de enajenación, traspaso o ventas de bienes de los imputados.
Según indicó la Fiscalía Regional de La Araucanía en la audiencia, los hermanos se adjudicaron en septiembre del 2022 un programa del Gobierno Regional por un monto de $730 millones, con el fin de realizar clases de manicure, peluquería y masoterapia a cerca de 200 mujeres de Temuco y Padre Las Casas.
Sin embargo, de acuerdo a la investigación, los imputados no realizaron por completo los cursos y justificaron sólo una parte del dinero recibido, por lo que la indagatoria ahora apunta a saber qué pasó con el resto de los montos transferidos por el Gore, esto es, unos 632 millones de pesos.