El pasado lunes 29 de enero cinco funcionarios de Carabineros fueron detenidos en Alto Hospicio por los delitos de tortura contra un detenido, falsificación de instrumento público y obstrucción a la justicia, quedando cuatro de ellos en prisión preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad.
A raíz de esto, la sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por tortura, ya que "resulta evidente la finalidad punitiva en la acción ilícita".
"La víctima, mientras se encontraba bajo custodia y por haberse negado a firmar una declaración de constatación de lesiones y sin posibilidad de oponer resistencia o defenderse, fue objeto de graves agresiones físicas con el fin de castigarlo", indicaron desde el organismo, y que el propósito de la acción fue "doblegar su voluntad".
¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CALABOZO DE LA TERCERA COMISARÍA?
De acuerdo a los antecedentes recopilados, los funcionarios detuvieron a la víctima por el supuesto delito de violación de morada. Luego, la llevaron a la comisaría, donde la dejaron en los calabozos. Como la víctima se negó a firmar los documentos que acreditaban que no tenía lesiones, hicieron que las cámaras del lugar dejaran de grabar y la agredieron. Esta acción incluyó la utilización de gas pimienta y un bastón retráctil. Después, la llevaron a constatar lesiones a un centro de salud.
Al día siguiente, la presentaron en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, entidad que declaró ilegal su detención.
Entonces, la víctima fue a constatar lesiones por su cuenta a otro centro de salud, donde refrendaron sus heridas. Después de recuperarse, fue a la misma Tercera Comisaría a presentar una denuncia por la golpiza.
Esto lo realizó el 4 de agosto, pero los involucrados retrasaron la tramitación y, además, alteraron su contenido en el sistema digital institucional. También estropearon el sistema de cámaras del lugar y persuadieron a otros funcionarios que estaban de guardia el día de la golpiza para cambiar su versión de los hechos.
Al respecto, la jefa del INDH de Tarapacá, Lorena de Ferrari, señaló que la querella se presentó porque "los funcionarios de Carabineros actuaron fuera de todo protocolo institucional o mandato legal. Abusaron de su poder sobre una persona que se encontraba en total estado de vulnerabilidad. La función pública que realiza Carabineros de Chile debe, necesariamente, cumplir altos estándares éticos, los cuales no pueden ser relativizados".