El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio dejó en prisión preventiva a los cuatro imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de secuestro extorsivo que afectó a un ciudadano de nacionalidad boliviana de 18 años de edad.
Según la Fiscalía, la víctima acordó reunirse con uno de los imputados, a quien un amigo se lo había recomendado para hacer un trabajo, cita que se concretó aproximadamente a las 19:30 horas del viernes, en un servicentro de la comuna de Alto Hospicio.
En el lugar, la víctima se subió al asiento trasero del vehículo que conducía otro de los implicados y en cual también iban las otras dos personas implicadas. El grupo tomó rumbo a Pozo Almonte, pero sorpresivamente giró para devolverse a Alto Hospicio. En ese momento, amenazaron a la víctima con un arma de fuego e irrumpió desde el portamaletas otro de los imputados, quien tomó por detrás a la víctima, la amenazó con un arma y le propinó diversos golpes, dejándolo en el suelo del automóvil.
Posteriormente, los captores llamaron a la madre y hermana de la víctima para solicitar un monto de dinero como rescate, enviándoles videos y audios como evidencia de las agresiones a que lo sometían, e instruyéndolas sobre cómo debía realizarse el pago.
A las 10:45 horas del sábado, la hermana de la víctima denunció los hechos ante Carabineros, pero la investigación fue asumida por la Policía de Investigaciones (PDI), cuyo personal logró establecer que los secuestradores se encontraban posiblemente en el sector de la costa, por lo que se dirigieron por la Ruta A-1, logrando divisar alrededor de las 16:00 horas una camioneta estacionada cerca del sector Los Verdes con las puertas abiertas y sujetos en su interior.
Al percatarse de la presencia policial, los imputados intentaron huir, pero dos fueron capturados por la policía y los otros dos en un sector rocoso con el apoyo de personal de la Armada.
La víctima se encontraba adentro de la camioneta amarrada, amordazada y con un pasamontaña cubriéndole la cabeza.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de los cuatro imputados a un centro de cumplimiento penitenciario, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.