El Juzgado de Garantía de Arica decretó este sábado 12 de agosto la medida cautelar de prisión preventiva a C.A.D.H. y G.E.L.F., imputados por el Ministerio Público por los delitos consumados de fraude al fisco, soborno y lavado de activos; a V.H.S.P. y C.E.T.M., por soborno y lavado de activos; y a K.W.B. en calidad de autora del delito de lavado de activos en los ilícitos que cometieron entre 2021 y 2023.
En la audiencia de formalización, el magistrado Claudio Gálvez ordenó el ingreso de los imputados a los Complejos Penitenciarios de Acha y al Complejo Penitenciario Femenino, al considerar que la libertad de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En el caso de C.E.T.M. quedó recluido en el hospital penitenciario de Santiago, donde fue formalizado. Además, fijó en 70 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, los imputados que trabajaban en la Dirección Regional de Vialidad habrían favorecido a empresas constructoras que ejecutaban trabajos en diversos puntos de la región y adjudicarse otras obras mediante una empresa de fachada, recibiendo pagos por ello y cobrando sobreprecio en otros casos. Según se expuso, subcontrataron una tercera empresa que ejecutó los trabajos a menor precio, quedándose con la diferencia.
Además, habrían recibido distintos pagos por parte de las constructoras para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos. En tanto, los ejecutivos y trabajadores de una empresa constructora realizaron distintas maniobras para materializar estos traspasos, entre ellos, la transferencia de dinero a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito.
El tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional a A.M.A.A., imputado por el delito de cohecho; para J.A.S.R. y A.D.D.N.C. arraigo nacional y firma mensual por el delito de cohecho; a R.A.Z.R. arresto domiciliario total y arraigo nacional por el delito de lavado de activos; y a L.R.M.H. el arresto domiciliario total por el delito de fraude al fisco y soborno.
A petición de las defensas públicas y privadas, el tribunal ordenó resguardar la identidad de los imputados.
Entre las obras adjudicadas por las empresas constructoras se encuentran la pavimentación y saneamiento de avenida Guillermo Sánchez, las obras de remodelación del acceso al valle de Azapa y otros trabajos en la ruta internacional 11-Ch. Según se informó en la audiencia de formalización, algunas obras y los estados de pago de las mismas fueron aprobadas por inspectores fiscales de contratos de obras, quienes aceptaban cometer el delito de Fraude al Fisco a cambio una suma de dinero aún no determinada.
Producto de la cantidad de imputados, las pruebas presentadas por la Fiscalía y la exposición de los seis abogados defensores, la audiencia duró más de 18 horas.