La ministra de Obras Públicas, Jessica López, anunció este viernes que el Gobierno iniciará una auditoría sobre "los principales contratos" que la cartera tiene con empresas contratistas.
Esto, en el marco de la investigación iniciada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica, tras recibir una denuncia de que funcionarios públicos de la sede regional del ministerio estarían desviando fondos públicos a terceras personas.
En esa línea, este jueves se concretó un operativo de allanamiento en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas en Arica, el cual también concluyó con un trabajador detenido.
Al respecto, la secretaria de Estado explicó que "cuando esta denuncia se hizo al Ministerio Público en noviembre 2022, inmediatamente se inició un proceso administrativo interno de responsabilidad administiva, un sumario, que está en su etapa final y que está en conocimiento del Ministerio Público".
Acorde con los antecedentes preliminates de este caso, los funcionarios del MOP habrían creado una empresa "fachada" para prestar servicios a la cartera. Y si bien estas obras se habrían ejecutado, la Fiscalía indaga un posible sobreprecio en aquellas, puesto que los excedentes se habría desviado a las cuentas bancarias personales de los involucrados.
A raíz de este investigación, siete personas han sido detenidas por este caso, de los cuales cinco son funcionarios del MOP.
En ese sentido, López explicó que "el Ministerio de Obras Públicas ejecuta su presupuesto de inversión prácticamente totalmente a través de empresas privadas. Por lo tanto, el cuidado que tenemos que tener todos los funcionarios del ministerio en relación con nuestras actividades comerciales propias, en relación con las empresas que prestan servicios al ministerio tiene que ser clara, transparente y absolutamente limitada y regida por las normas que tenemos".
"No vamos a aceptar que eso se trasgreda. Es demasiado importante para la operación del ministerio una operación muy regulada con las empresas privadas, con contratistas directos e indirectos, para el buen uso de los recursos públicos", afirmó.
Por ello, y ante los antecedentes recopilados por lo ocurrido en Arica, es que el Gobierno anunció que realizará "una auditoría sobre los principales contratos que el ministerio tiene".
Finalmente, la titular de Obras Públicas fue clara en señalar que "los funcionarios del ministerio tienen que tener muy en claro que no pueden tener una relación comercial con las empresas contratistas".
Es importante destacar que esta investigación no tiene relación con el Caso Convenios.