A juicio de los querellantes, las imágenes de la cámara de seguridad son claves y forman parte de las más de 100 evidencias que presentarán para buscar establecer su responsabilidad.
A Martín Pradenas se le imputan siete delitos en contra de seis víctimas, entre ellas Antonia Barra de 20 años, quien se quitó la vida en 2019, precisamente días después de lo que registraron dichas cámaras de seguridad.
Por ello el abogado querellante, Alejandro Guzmán, declaró que "quedando para efectos de juicio la más importante a juicio de esta parte como son los vídeos del día, los audios que le habría enviado ésta a una testigo que la fue a socorrer y también incluso los vídeos done el imputado declara ante el fiscal de esta causa" .
En una nueva jornada de preparación de juicio oral, este lunes se revisó la acusación particular de la que algunos medios de prueba fueron excluidos, entre estos y al igual que en diciembre pasado, el detalle del tráfico de llamadas de los celulares del imputado.
"Estos no son objetos de prueba salvo que el concepto jurídico verse sobre alguna falsificación de la resolución judicial y aquí está totalmente alejado de aquello".. agregó Javier Jara, abogado defensor Martín Pradenas.
No obstante, el abogado querellante, Alejandro Guzmán agregó que "se ordenaron no solamente en las interceptaciones de los teléfonos que usó el imputado durante todo este tiempo incluso durante los hechos y antes".
Para este miércoles se programó una nueva audiencia, esta vez, el turno será de la defensa la que contempla entre 10 y 15 testigos además de 5 peritajes.
"La gran cantidad de exclusión de prueba que se ha producido por parte de la acusación da una idea exacta al tribunal que los hechos no están acreditados y no cabe duda que van a demostrar la inocencia de Martín Pradenas" puntualizó Gaspár Calderón, bogado defensor de Martín Pradenas.
Ya remitidos todos los antecedentes al Tribunal de Garantía de Temuco se deberá fijar una fecha para el juicio oral en contra de Pradenas quien se mantiene en prisión preventiva desde julio 2020 y para quien la Fiscalia pide más de 40 años de carcel.