En marzo pasado comenzó el juicio contra los 31 imputados por malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de dinero y falsificación de instrumento público en el llamado “Pacogate”, un fraude fiscal de más de $28 mil millones, catalogado como el mayor ocurrido en Chile.
En este reportaje de Informe Especial, el periodista Santiago Pavlovic entregó nuevos y relevantes antecedentes y profundizó en la historia del megafraude.
De acuerdo a la investigación, casi 80 funcionarios de Carabineros y 50 civiles participaron como líderes activos en el fraude a las arcas fiscales entre 2007 y 2017.
En la década del 90 conseguían nombres, números de libretas de ahorros y cuentas corrientes entre conocidos de una población y los hacían pasar por beneficiarios de desahucios institucionales.
Posteriormente, en el 2000, ya se hurtaba a destajo bajo los mandos de los generales Julio Pizarro Konga e Iván Whipple Mejías.
Según declaraciones textuales incluidas en el reporte de Fiscalía, "se trataba de una cúpula tan poderosa que ejercía presión y acoso bajo los mandos inferiores”.
Al respecto, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, aseguró que ha podido determinar la participación sistemática y permanente de lo que él denomina una "organización criminal enquistada particularmente en la Dirección de Finanzas de Carabineros" en el Edificio de General Norambuena.
“Por eso le llamaban ‘Beca Norambuena’. Yo, si me destinaban a Norambuena, sabía que se me arregló toda la vida y arreglé la vida de mi generación”, advierte el Fiscal Campos.
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“Mafia antigua y nueva”
Sin embargo, quienes comenzaron con este ilícito constantemente mostraban su molestia ante los integrantes que se unieron en los últimos años.
Los que conformaban la “mafia antigua” estaban molestos con la “mafia nueva”.
En la declaración textual del mayor Alejandro Ponce, este detalló que "ellos no tuvieron límites, se volvieron locos, se fueron al 'chancho', lo reventaron".
¿Cómo operaba esta organización y cómo se destapó el megafraude?
La máquina operaba con distintas modalidades. Oficiales, suboficiales, familiares, amigos y conocidos eran reclutados para facilitar sus RUT y números de sus cuentas bancarias.
A ellos se les depositaba dinero en sus cuentas institucionales y quienes aceptaban el negocio podían quedarse hasta con un 10% del dinero, el resto era repartido en efectivo a los jefes.
Pero fue en el año 2015 cuando se encendieron las alarmas al interior de un Banco Falabella, luego de un millonario depósito –por $44 millones- a un funcionario en Punta Arenas.
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Inicio de investigación
De acuerdo al fiscal Eugenio Campos, los primeros peritajes comenzaron en octubre del año 2016 y a esta investigación criminal y patrimonial se sumaron agentes del propio OS7 de Carabineros, quienes debieron interrogar a sus superiores implicados en esta causa.
"No tuvimos ninguna traba durante nuestra investigación (...) 'mi general Villalobos' nunca se entrometió en la investigación", indicó el coronel Tulio Muñoz, a quien le parecía increíble lo que estaban descubriendo: una estructura criminal que incluía diversos métodos para robar.
"Uno queda impávido, incrédulo que algo así pudiera estar sucediendo, es decir, nosotros nos formamos en una Escuela donde nos crean valores, donde tenemos ética, para nosotros era algo insólito", agregó Muñoz.
Los frutos de estas indagatorias, las cuales comenzaron en secreto y con cerca de 8 imputados, terminaron con más de 120, luego de que se realizaran seguimientos a los involucrados mediante escuchas telefónicas que permitieron recabar información clave.
Incautaciones y dinero recuperado
Respecto a cuántas incautaciones se han realizado, los tipos de bienes y cuánto dinero ha recuperado el Estado, se informó que hasta la fecha han sido casas y terrenos en distintas partes del país y $8 mil millones.
Finalmente, en el juicio oral, la Fiscalía espera demostrar que se conformó una "asociación ilícita" para sustraer fondos públicos mediante 12 diferentes modalidades en las que participaron uniformados y civiles.
Sin embargo, uno de los abogados defensores refuta la tesis sobre una "asociación ilícita".