El recuento oficial establece que son 1.469 las víctimas de desaparición forzada tras el golpe de Estado y la dictadura de Augusto Pinochet. De ellos, 1.092 son detenidos desaparecidos y 377 corresponden a ejecutados políticos sin entrega de restos. Hasta hoy sólo se ha logrado la identificación en 307 de estos casos.
En este reportaje de Informe Especial, un equipo liderado por la periodista Paz Montenegro hizo un recorrido por la memoria junto a familiares de las víctimas y, a partir de hallazgos de osamentas humanas en terrenos del Regimiento Casas Viejas de Chena el 2001, siguió la trayectoria de las 89 cajas de restos que estuvieron durante 22 años en dependencias del departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal sin clasificar, ni identificar.
Cerro Chena
Mónica Monsalves, hija de Adiel Monsalves, un obrero ferroviario, sindicalista y militante del Partido Comunista que a los 41 años fue asesinado 6 de octubre 1973; y Manuel Ahumada, un sobreviviente de la matanza en Cherro Chena, visitaron el lugar donde murieron decenas de detenidos.
Una vez en el lugar, ambos recorren la construcción: Mónica se pregunta cómo fueron los últimos momentos con vida de su padre y Manuel relata lo ocurrido entre aquellas cuatro paredes.
"Siempre quisimos saber y buscar en qué condiciones estaban nuestros papás, qué fue lo último que dijeron, que mensajes entregaron, qué estaban pensando, si tenían miedo y eso lo hemos sabido gracias al testimonio de Manuel después de muchos años, porque empecé a buscar respuestas a los 11 años", relató la mujer.
Por su parte, Manuel, que en ese entonces tenía tan sólo 17 años, recordó: "Los presos estábamos sentados, con la cabeza pegada a la pared y la venda puesta. Lloramos mucho porque no sabíamos si en esa lotería nos iba a tocar a nosotros y cuando sentíamos que se quejaban o sus gritos, sabíamos que nos iba a suceder lo mismo".
Sobre sus compañeros de pieza, consignó que "conscientes de la muerte, les preocupaba no ver crecer a sus hijos, no poder despedirse de sus compañeras, pero también sentían y decían que nuestra causa era justa, si éramos allendistas, éramos upelientos, estábamos aquí por haber creído en un proyecto, en una propuesta de Gobierno, no había razón para que nos trataran como nos trataban".
A los pocos días de haber sido llevados hasta el Regimiento Casas Viejas de Chena y ante el rumor de una posible inspección por parte de la Cruz Roja Internacional, la madrugada del 30 de octubre de 1973 trasladaron a los detenidos a la parte alta de los terrenos, donde funcionaba entonces el cuartel N°2 de la Sesión de Inteligencia de la Escuela de Infantería, la "famosa casa del techo rojo".
Según estableció la Comisión Rettig, en total fueron cerca de 100 chilenos los ejecutados por agentes del Estado al margen de todo debido proceso. Alrededor de 60 de esos cuerpos fueron recuperados por sus familias en meses y años posteriores, otros 40 pasan a engrosar la lista de detenidos desaparecidos.
En el año 2001, las familias fueron citadas al Cerro Chena por hallazgos de restos humanos.
"Cuando la magistrado nos llama y nos dice que hay novedades, que hay certeza de que lo que encontró son restos y fragmentos humanos, para nosotros surgió una esperanza de que se podrían encontrar a aquellos que están ausentes hasta el día de hoy", dijo Mónica, quien también es la Presidenta del Memorial Cerro Chena.
En el marco de dichos peritajes, la primogénita de Adiel presenció el momento en que los "pequeños fragmentos" óseos fueron depositados en cajas de cartón, rotulados como "Cerro Chena" y resguardados hasta que fueron ingresadas al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile.
En ese momento, estas cajas numeradas, la mayoría con el nombre del lugar o episodio al que corresponde su hallazgo, quedaron bajo la custodia del profesor Luis Ciocca, exdirector de Medicina Legal de la Universidad de Chile, quien creó un registro que guardó celosamente por años.
"Antes no había cadena de custodia (...) muy pocas personas sabían que estaban ahí, gente del departamento por supuesto. Sabía la gente que tenía que estar enterada, porque había que mantener la mayor discreción y eso así ocurrió", señaló Ciocca.
CAJAS EN EL OLVIDO
En mayo de 2012, siete meses antes de jubilar el ministro en visita Alejandro Solis y después de 11 años sin ser periciadas como correspondía, se instruyó la devolución de los restos óseos y la documentación bajo custodia para avanzar en las identificaciones pendientes.
Sin embargo, el traslado no se concreta y hasta el 2014, sólo un par de peritos de confianza del juez Juan Guzmán trabajaron con el contenido de las 89 cajas, pero esta demora de dos años pone en riesgo su valioso contenido, puesto que en febrero de ese año se inundó el subterráneo del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile.
Tras 18 años, las 89 cajas con osamentas y restos culturales vuelven al Servicio Médico Legal. Allí quedan cuatro años más sin clasificación ni pericias que permitan dar respuesta a los familiares.
Muchos de los familiares se enteran recién en febrero pasado de la existencia de las 89 cajas con osamentas que llevan 22 años sin periciar. El golpe es profundo.
En su primera entrevista en televisión de la nueva directora del SML, Marisol Prado, transparentó que en apenas cuatro meses realizaron el trabajo que no se hizo con estas cajas desde el 2019.
PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA
En su segunda Cuenta Pública, el 1 de junio de 2023, el Presidente Gabriel Boric aseguró que se agotarán todos los recursos para que las familias de las y los detenidos desaparecidos "conozcan la verdad de lo sucedido",
"No vamos a claudicar en el deber moral que representa para nuestra patria y también para nuestra generación agotar todos los recursos necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se han encontrado conozcan la verdad de lo sucedido", afirmó.
En este contexto, el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar tiene por objeto reconstruir la trayectoria de las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos entre 1973 y 1990.
Al respecto. el ministro de Justicia, Luis Cordero, detalló que "es una política pública permanente del Estado que tiene por propósito establecer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Lo segundo tiene que ver con tratar de recuperar, ubicar, identificar dignamente aquellos hallazgos que sea posible o que se han tenido hasta ahora y que no se han realziado de manera adecuada" y agregó que "los crímenes de lesa humanidad son todos atroces, son deleznables, pero el de desaparición forzada es un crimen que se sigue cometiendo todos los días mientas los familiares no sepan dónde están".
El próximo miércoles 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Mandatario firmará el decreto que creará el Plan de Búsqueda como política de Estado.