El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió al posible proceso de regularización acotada a las personas extranjeras que no ingresaron legalmente al país, y que se sometieron a un empadronamiento biométrico.
Al respecto, la autoridad comentó que "esto no es ningún favor a nadie", y añadió que esta medida de regularización se explicaría por motivos de seguridad y económicos.
En primer lugar, comentó que "el país inició el año 2023 hasta febrero del año 2024 un proceso de empadronamiento biométrico para disponer de información de las personas que se encontraban y que lo podían hacer voluntariamente".
"A partir de ello, obtuvimos sus fotografías, sus huellas dactilares, su informaciones biométricas, y el número de personas que accedieron a eso fueron 182 mil", agregó, indicando que "todas son personas que entraron irregularmente".
Bajo este contexto, reflexionó sobre el tema y precisó que "el Estado tiene un problema, tiene un problema de migración irregular, tiene un conjunto de personas que están ilegales en el país y que, además, se encuentran trabajando".
"La migración irregular además genera varios fenómenos que son complejos: el primero, que son personas expuestas ellos mismos a delitos, porque sobre ellas se ejecuta extorsión, son personas que no tienen acceso al mercado formal, por lo tanto, están expuestas a que terceros cometan crímenes con ellos; y lo segundo, que está muy documentado también, que cuando estan excluidos del mercado formal, lo que hacen es que el crimen se pueda transformar como un mecanismo de generación de ingresos", complementó.
Proceso de empadronamiento: datos relevantes
Sobre el proceso de empadronamiento de migrantes, Cordero enfatizó que del total de personas que se sometieron a esta medida (182 mil), "el 67% ingresaron a Chile entre el 2018 y febrero del año 2022, es decir, durante la administración anterior".
"Un segundo dato que yo creo que es relevante, es que las personas que ingresaron en ese período, las que están asociadas a actividades delictuales, son personas que no se empadronaron".
Posible proceso de regularización acotada
Finalmente, la autoridad de la Subsecretaría del Interior abordó el eventual proceso de regularización acotada que se llevaría a cabo y confirmó que esta medida se sustenta en dos motivos: la seguridad y la economía.
"La primera razón que lleva al Gobierno a ser un estudio de estas características son razones de seguridad. Ya sabemos quiénes son, pero esencialmente queremos saber qué están haciendo", sostuvo.
Según dijo Cordero, "esto no es un problema de premios. No es un premio, porque yo creo que acá hay una razón de seguridad interior del Estado".
Por otra parte, consignó que "la segunda es económica. Entre el año 2017 y el año 2023, esto es del estudio del Banco Mundial, los migrantes en Chile aportaron cerca del 1% del PIB", afirmó.
"Hay razones macroeconómicas que explican el por qué estas personas tienen que ser regulares", añadió.
A su vez, señaló que hay una tercera razón y es que "el sector privado es uno de los mayores interesados".
"Son partidarios de regularizar esto, porque esencialmente hoy día lo que tenemos son personas que están trabajando, que de hecho tienen sus cotizaciones, los empleadores prefieren pagar sus cotizaciones, pero al no estar sometidos a un régimen de regularización, ¿cuál es el problema?, son personas que no pueden abrir por ejemplo una cuenta RUT y por lo tanto le tienen que pagar a un tercero una comisión que de verdad lo que hace es que distorsiona el mercado laboral", manifestó.
"El Estado ha pensado en este estudio acotado de regularización primero por razones de seguridad y segundo por razones económicas", continuó, agrgando que "esto no es ningún favor a nadie".