El abogado José Antonio Viera-Gallo será quien defenderá a la exministra de Justicia Marcela Ríos en la acusación constitucional que fue presentada en su contra, luego de la polémica generada por los 13 indultos otorgados por el Gobierno.
Al respecto, el exministro de la Secretaría General de la Presidencia explicó en Estado Nacional que "desde la acusación contra Yasna Provoste en el primer Gobierno de (Michelle) Bachelet, siguiendo con la acusación contra Harald Beyer y después contra Andrés Chadwick, yo he notado que en la Cámara de Diputados se usa la acusación constitucional por distintos sectores, según como corresponda, más allá de lo que son las causales estrictas de la Carta Fundamental".
"En este caso, no voy a entrar yo (en detalles) si se indultó bien, si se indultó mal, aquí lo que importa es si el procedimiento que se usó era conforme a la ley o no", agregó.
En este sentido, indicó que "yo no veo por qué no se interpeló a la exministra y se fue de inmediato a una acusación, cuando en paralelo, simultáneamente, se crea una comisión investigadora de los hechos".
Según dijo el abogado, "como que se quiere saber si hubo un problema, pero ya se tiene la conclusión y, además, se va al Tribunal Constitucional y a la Contraloría".
"Todos estos organismos pueden dar dictámenes contradictorios, entonces, aquí se ha producido una especie como de desprolijidad de las instancias para recurrir y yo creo que es muy importante que en el caso de la acusación constitucional, en este caso específico, se debata bien las causales por las cuales procedería, y a mi juicio no existe ninguna causal justificatoria, otra cosa son los debates que ustedes estaban haciendo sobre la procedencia o no de los indultos, eso es otra materia", argumentó.
En esta misma línea, entregó sus razones de por qué la exministra Ríos no habría "pasado a llevar" la Constitución. "La imputación es que los decretos no estarían suficientemente fundados. Leyendo los decretos, están los fundamentos. Ahora, uno puede no compartir esos fundamentos, uno puede considerar que los fundamentos podrían haber sido más extensos conforme a estándares más modernos o más actuales, pero ahí a decir que eso es una ilegalidad, hay un abismo".
"Y la otra acusación tiene que ver con los permisos y traslados dentro de Gendarmería, que están todos regulados por leyes internas del Servicio de Gendarmería, que si una ministra interviniera y dijera, 'a este no lo trasladen, a este otro sí lo pueden trasladar', ahí sí que estaría violando la ley. Como ella no intervino, no hay ningún acto que se le pueda imputar", aseveró.
Junto con lo anterior, afirmó que "yo distingo totalmente desprolijidades, errores, equivocaciones comunicacionales, etcétera. Lo distingo completamente de lo que son responsabilidades constitucionales por actos ilegales en el desempeño de un cargo. Son cosas completamente distintas. (...) La oposición o un sector de la oposición o algunos diputados de oposición se han extralimitado en lo que ya han hecho".
Lo anterior, porque "ya la ministra no está en su cargo, entonces no hay justificación alguna para imputarle responsabilidades que no tiene".
Visión sobre el Gobierno de Gabriel Boric
Por otra parte, consultado por su opinión sobre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, respondió que "yo lo que veo es que ellos llegaron con una agenda que no tenía mucho que ver con las urgencias del país".
"Hubo mala suerte, porque este país fue entregado, no quiero echar la culpa tampoco al Gobierno anterior, pero las circunstancias eran muy graves, de inflación, veníamos saliendo de una pandemia, de un estallido social, después de eso se sumó la guerra en Ucrania, o sea, basta mirar alrededor de América Latina (...) o sea el contexto en el que estamos es de extrema dificultad, entonces, el Gobierno en lo que tiene que asumir y lo está haciendo, unos podrán decir mejor o peor, pero está intentándolo, es una agenda muy compleja, que tiene que ver con ajuste económico y creo que se está logrando bajar la inflación", así también como otros aspectos, según comentó.