La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, incorporó su firma en un proyecto de ley que busca conceder un indulto general en favor de las personas que se encuentran en prisión por desórdenes públicos ocurridos en el contexto tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Junto a Muñoz (PPD), figuran también en la iniciativa las firmas de otras senadoras y senadores como Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista).
"Nosotros creemos que no es aceptable que hace más de un año, hoy en nuestro país todavía no tengan derecho a un debido proceso. No se sabe en qué situación están, no se sabe cuáles son los cargos que se le pueden hacer, hay un total anonimato y un total ocultamiento de la realidad de estas personas, estos jóvenes en su gran mayoria que lo único que han hecho es salir a protestar, a ejercer su legítimo derecho en democracia, a movilizarse, a ejercer el derecho a la protesta social", argumentó en horas de esta tarde la senadora Muñoz.
Añadió que trata de "una ley de indulto general sólo por esta vez para los casos que indicamos en la ley". Además, expresó su completa solidaridad con las familias "de estos jóvenes que hace ya más de un año están viviendo una incertidumbre absoluta".
MUÑOZ: "NO CREEMOS EN EL CASO A CASO, PENSAMOS MEJOR EN LA ALTERNATIVA DE UNA LEY"
Consultada respecto a por qué decidieron pedir un indulto general en la materia y no la revisión de cada uno de los casos en particular, Muñoz sostuvo que "una ley va a permitir que las personas que están en esta situación puedan ser eximidas de estas responsabilidades penales, creemos que amerita, no son personas que han delinquido, no son personas que han hecho vandalismo. Son personas que han salido a la protesta social. No creemos en el caso a caso, pensamos mejor en la alternativa de una ley".
El proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas indicadas llama a considerar el contexto social y las eventuales violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante ese tiempo, así como la vulneración de garantías procesales de las personas detenidas, junto con la magnitud de las detenciones en el contexto de movilización social.
En cuanto a los objetivos del proyecto de ley, señalan que "proponemos un proyecto de ley de indulto general que de manera excepcional y para el caso de las personas beneficiadas que indica, extiende la aplicación de este instrumento jurídico para lograr como efecto la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena, cuando corresponda".
Añaden que "el presente proyecto de ley se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestas delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social, iniciado en octubre de 2019, por lo que el proyecto se funda en las siguientes ideas: 2. Las imputaciones de hechos delictivos acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos. 3. La mayoría de las personas beneficiadas son jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos".
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