El Gobierno decretó este viernes la Ley de Seguridad del Estado luego de las masivas manifestaciones ocurridas en gran parte de la ciudad por el alza en el pasaje del Metro de Santiago.
La situación motivó daños, protestas y complicaciones en la movilización de miles de personas de la capital, quienes debieron enfrentar el cierre total del tren subterráneo.
Según lo aseverado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la ley "implica duras penas para quienes cometan estos delitos. Seguiremos presentando querellas ante cualquier hecho que pueda generar violencia pública o que dañe los bienes de los servicios públicos", agregó el secretario de Estado.
"En nombre del Gobierno, condenamos enérgicamente los hechos de violencia y vandalismo producidos en el día de hoy atacando" al tren capitalino, complementó el secretario de Estado.
Asimismo, Chadwick calificó a los responsables de las manifestaciones de "violentistas organizados" que buscan "vandalismo".
¿Qué implica la invocación de dicha ley?
La Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado sostiene en su Artículo 3, letra C, que serán sometidos a dicha normativa "los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública".
Respecto a las penas, el texto legal expresa que "serán castigados con presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las reglas generales del Código Penal".
En términos simples, las condenas por esta ley van desde los 61 días a los tres años de reclusión.